El transporte público constituye un elemento esencial para la vertebración del espacio sobre el que se articula, especialmente en la provincia de Valladolid, caracterizada por la amplitud de su extensión territorial, su baja densidad de población, el alto grado de envejecimiento de sus residentes, y la ruralidad de su territorio con asentamientos en pequeños núcleos de población en muchas ocasiones dispersos y alejados de centros sanitarios, administrativos y comerciales.

Estos factores socio-territoriales traen como consecuencia una mayor dependencia del transporte público de la población rural, requiriéndose de una abundante oferta de medios de transporte que faciliten la comunicación entre los núcleos de población más alejados.

Sin embargo, la dispersión poblacional que caracteriza a nuestro territorio tiene efectos directos en el coste de la prestación de estos servicios de transporte. Los tráficos rurales existentes que conectan con la capital de provincia o comarca lo hacen a través de itinerarios muy largos y expediciones con escasa ocupación lo que determina una baja rentabilidad de los servicios, en muchos casos deficitarios, lo que dificulta su mantenimiento obligando a realizar importantes esfuerzos económicos para garantizar la supervivencia del sistema, ayudando a las empresas concesionarias a superar las dificultades de financiación, con el fin de que los servicios se presten en condiciones de precio y calidad adecuadas.

Resulta preciso por tanto que los poderes públicos adopten medidas que permitan asegurar el mantenimiento de un sistema de transporte competitivo, adecuado a la realidad del territorio y a las necesidades reales de movilidad de la población garantizando la igualdad de acceso de los ciudadanos a los servicios básicos, con especial atención a los habitantes de las zonas más aisladas.

Si bien la competencia en esta materia la ostenta la Comunidad Autónoma de Castilla y León conforme a lo previsto en los arts. 70.8 y 76.12 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y, específicamente, en materia de transporte por carretera, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la Diputación Provincial de Valladolid ha considerado necesario implicarse activamente en la adopción de este tipo de medidas, aunando sus esfuerzos con los de la Administración Autonómica, y ello al amparo de lo previsto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que contempla la posibilidad de cooperación voluntaria entre la Administración Autonómica y la Administración Local en asuntos de interés común, mediante la suscripción de convenios administrativos.

Así, con fecha 20 de abril de 2005 se firmó un Convenio Marco entre la Junta de Castilla y León y las nueve Diputaciones Provinciales, con el fin de ampliar o mejorar el transporte público de viajeros en el ámbito rural y en el que se manifestaba el compromiso de las Instituciones firmantes de colaborar poniendo cada una de ellas a disposición de la otra sus medios técnicos y jurídicos, así como de realizar aportaciones financieras en función del presupuesto de cada administración.

Posteriormente, con fechas 27 de diciembre de 2005, 3 de septiembre de 2008 y 29 de abril de 2013 y 30 de abril de 2018 se firmaron Convenios Específicos entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Diputación Provincial de Valladolid para la extensión y mejora de la red de transporte público de viajeros en la provincia, a través de los que se pretende dotar, ampliar o mejorar el sistema de transporte público de viajeros en los núcleos de población de la provincia de Valladolid utilizando bien el sistema de gestión de transporte a la demanda, bien el de transporte convencional, a través de su reforzamiento, modificación o implantación

El último de los Convenios indicados (30 de abril de 2018), con una vigencia inicial de 1 año, ha sido prorrogado por un año más hasta el 30 de abril de 2020.

El resultado de la colaboración entre la Administración Autonómica y la Administración Provincial, se ha ido plasmando en sucesivas propuestas técnicas en las que se establecen, cuantifican y detallan los servicios de transporte a implantar para la satisfacción de las necesidades de movilidad de la población rural detectadas en la provincia. Estas propuestas reciben el nombre de "Plan de actuaciones de la Diputación de Valladolid, para la extensión y mejora de la Red de Transporte público de Viajeros en la provincia".