El Grupo Provincial Popular apoya con una proposición en el pleno de 22 de abril de 2021 el modelo alternativo e integral presentado por la Junta de Castilla y León para la aplicación de prácticas agroambientales de la nueva PAC, más acorde con la agricultura y la ganadería de España

Valladolid, 22 de abril de 2021.- La proposición ha sido aprobada por 16 votos a favor (PP, Cs y VOX), 1 en contra (TLP) y 10 abstenciones (PSOE).

Nuestro Portavoz, Agapito Hernández Negro, defendiendo la proposición.

 

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 22 de abril de 2021, la siguiente PROPOSICIÓN:

APOYO AL MODELO ALTERNATIVO E INTEGRAL PRESENTADO POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, PARA LA APLICACIÓN DE PRÁCTICAS AGROAMBIENTALES DE LA NUEVA PAC, MÁS ACORDE CON LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA DE ESPAÑA

El pasado junio de 2018, la Diputación de Valladolid mostró de forma unánime, a propuesta del Grupo Popular, la adhesión al documento de posición común elaborado por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León ante la nueva PAC 2020 firmado por todos los grupos políticos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y las tres organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas, a la vez que trasladamos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la solicitud de firmeza en las próximas negociaciones, para conseguir una nueva PAC bien dotada financieramente, considerando como inaceptable cualquier reducción del presupuesto actual, y rechazando cualquier posibilidad de renacionalización.

La nueva Política Agrícola Común, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2023, mantiene un primer pilar financiado exclusivamente con fondos europeos, concretamente el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria. Esta nueva política contará con algo menos de 5.000 millones de euros al año para este primer pilar, donde se enmarcan las ayudas directas desacopladas y acopladas (pago básico, greening, ayudas asociadas...) que actualmente se conocen.

La nueva política llevará consigo mayor ambición medioambiental. En consecuencia, para la percepción de las ayudas directas será necesario cumplir con una serie de normas, buena parte de ellas de enfoque medioambiental, encuadradas en la denominada ‘condicionalidad’. La mayor ambición medioambiental va a pasar por aplicar en un primer nivel una ‘condicionalidad reforzada’ que deberán cumplir, obligatoriamente, todos los agricultores y ganaderos.

Pero, además, en el modelo de ayudas directas desacopladas se incorpora una nueva intervención denominada ‘ecoesquemas’. Estas nuevas ayudas se concederán a aquellos agricultores que lleven a cabo prácticas agroambientales que superen las exigencias de la condicionalidad reforzada y serán prácticas que no lleven consigo compromisos de más de un año, es decir, se pueden aplicar un año y percibir estas ayudas, y al año siguiente no realizarlas y, consecuentemente, no se pagarán dichas ayudas.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha presentado un modelo en el que se incluye una lista de nueve ecoesquemas, encasillados en diferentes modelos de agricultura. Cada uno de ellos tiene requisitos a cumplir y se retribuyen prácticamente todos con un pago dirigido a compensar costes idénticos en toda España, es decir, al final con un pago por hectárea único.

El modelo contempla compatibilidades e incompatibilidades entre los distintos ecoesquemas y cada cual tendrá una asignación de fondos específica.

En definitiva, un modelo encasillado complejo tanto para el agricultor como para la Administración que tendrá que comprobar anualmente el cumplimiento de los requisitos y centrado en una ayuda fija por hectárea para todos los beneficiarios.

La Junta de Castilla y León ha estado trabajando con las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, Alianza UPA-COAG y UCCL) y con Urcacyl en el diseño de un modelo alternativo, más sencillo, adaptado a las distintas realidades productivas españolas, más atractivo para el agricultor y que asegure que no se pierdan fondos europeos en España, que responde a los siguientes principios: Universal, atractivo, incentivador, más simple y permite que se puedan desarrollar prácticas agroambientales en el segundo pilar de la PAC.

Se considera necesario modificar el enfoque y el modelo propuesto por el Estado, para dirigirlo a un modelo de diseño único a través de un conjunto de prácticas en la explotación. Se trata, en definitiva, de conseguir un único ecoesquema 'integral' de la explotación con el que se pueda conseguir:

  • Un importe incentivador al acogerse al ecoesquema.
  • Una lista de prácticas de carácter ambiental a elegir.
  • Un conjunto de pagos adicionales por las prácticas elegidas que se determinarán como un porcentaje de la ayuda básica de la región productiva en la que se encuentre la superficie.
  • Limitación del pago por ecoesquema a un porcentaje máximo de la ayuda básica. Desde la Consejería se propone el 50%, que se ajustaría proporcionalmente al importe total de la asignación para ecoesquema del primer pilar.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:

  1. La Diputación de Valladolid muestra su apoyo al modelo alternativo para la aplicación de prácticas agroambientales de la nueva PAC, elaborado por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.
  2. Instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España a que tenga en cuenta las OPAS en el proceso de convergencia con el programa de la PAC 2023-2027.
  3. Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España.

En Valladolid, a 19 de abril de 2021

Fdo.: Agapito Hernández Negro

PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

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El Grupo Provincial Popular presenta en el Pleno una Proposición para instar al Gobierno a reconocer la capacidad de gestión de las entidades locales y a aumentar el porcentaje de los Fondos Europeos de Recuperación asignados, garantizando una gestión transparente, justa y eficiente

19-03-2021.- La proposición ha sido aprobada con los votos a favor de PP y Cs, la abstención de VOX y los votos en contra de PSOE y TLP.

Defiende la proposición, nuestro Portavoz, Agapito Hernández Negro

TEXTO DE LA PROPOSICIÓN

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el Orden del Día del Pleno Corporativo a celebrar el próximo día 19 de marzo, la siguiente PROPOSICIÓN:

INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A RECONOCER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES Y A AUMENTAR EL PORCENTAJE DE LOS FONDOS EUROPEOS DE RECUPERACIÓN ASIGNADO A LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES Y ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS MODIFICANDO EL REAL DECRETO LEY 36/2020 DE 30 DE DICIEMBRE, GARANTIZANDO UNA GESTIÓN TRASPARENTE, JUSTA Y EFICIENTE DE LOS FONDOS EUROPEOS DE RECUPERACIÓN

Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares constituyen las administraciones más accesibles a los ciudadanos que les demandan servicios públicos de calidad y les reclaman soluciones a sus necesidades y problemas.

Las entidades locales siempre han respondido de manera eficaz a esas exigencias de los vecinos excediéndose, en muchas ocasiones, de las competencias propias que tienen asignadas y, además, han jugado un papel fundamental en la prestación de los servicios públicos básicos a los ciudadanos que habitan los pueblos y ciudades de España.

Un papel decisivo y fundamental que las entidades locales españolas han vuelto a ejercer desde el inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, poniendo en marcha iniciativas para contener la expansión de la pandemia, proteger a su población del virus, apoyar a los ciudadanos más vulnerables, siendo pioneras en implantar programas y ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia.

Mientras esto sucedía, el Gobierno de España no solo no ha destinado un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo, sino que ha demostrado una absoluta falta de respeto a la autonomía de las entidades locales y al marco jurídico que las regula, así como una grave deslealtad a los gobiernos locales y a todos los vecinos a los que representan.

Primero, el Gobierno de España intentó apropiarse a través del Real Decreto Ley 27/2020 de los ahorros acumulados durante los últimos años por las entidades locales en una muestra de responsabilidad y buena gestión de los recursos públicos de todos los vecinos. Una confiscación que, gracias a la movilización del Partido Popular y a la denominada "rebelión de los alcaldes", de todo signo político, se logró evitar.

Segundo, el Gobierno de España despreció a las entidades locales en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 puesto que:

 

  1. No incluyó en los mismos el fondo para la reconstrucción local prometido por la Ministra de Hacienda, la Sra. Montero, en reiteradas ocasiones durante el pasado año.
  2. Las transferencias a entidades locales se incrementan menos del 2% frente al 6,4% de incremento global de los PGE.
  3. Las CCAA gestionarán el 54,2% (18.793 millones de €) del total de fondos de recuperación europeos mientras que a las entidades locales no se les va a dejar gestionar ni siquiera el 4,2% (1.483 millones de €) de dichos fondos, que tienen adjudicados.

 

Si hacemos el cálculo sobre el total de fondos europeos a percibir por España, 140.000 millones de €, el porcentaje se reduce al 1%, lo que confirma fehacientemente que el Gobierno de Sánchez e Iglesias es el más anti municipalista de la democracia.

Por último, hay que señalar que el Gobierno de España ha aprobado, el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que concentra en el propio gobierno la mayor parte del poder en el reparto de los fondos de recuperación que la Unión Europea ha asignado a España. Un decreto que se caracteriza por la arbitrariedad, falta de transparencia y concentración de las decisiones en un gobierno que ya ha demostrado su sectarismo y su falta de lealtad con las entidades locales y, en definitiva, su desprecio a la autonomía local.

Ante esta realidad, el Partido Popular ha exigido en diversas ocasiones:

 

  1. La creación del Fondo de reconstrucción para las entidades locales. Un compromiso asumido por diversos ministros del gobierno en diferentes ocasiones que no han cumplido.
  2. Un decreto de gestión de los fondos europeos que garantizase una participación real y transparente de las entidades locales en los mismos.
  3. Que los Ayuntamiento, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares gestionasen un porcentaje de los Fondos Europeos equivalente a lo que supone el gasto local dentro de todo el gasto público total.

 

Por lo expuesto, el Grupo Popular de la Diputación de Valladolid somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:

 

  1. La Diputación Provincial de Valladolid condena la postura del grupo socialista en el Senado que el pasado 18 de febrero ponía en duda la capacidad de los gobiernos locales y, por ende, de sus técnicos para gestionar los fondos europeos.
  2. La Diputación Provincial de Valladolid rechaza la propuesta del Gobierno de España para que las EELL participen en los fondos de reconstrucción europeos tan solo en 1.483 millones de €, lo que representa únicamente el 1% del total de los fondos que llegarán a España para la lucha contra los efectos del COVID19.
  3. La Diputación Provincial de Valladolid insta al Gobierno de España a:
    1. Condenar formalmente la postura del grupo socialista en el Senado y a reconocer de manera expresa la capacidad de las entidades locales para gestionar correctamente los fondos europeos ya que, en los últimos años, ha sido la única administración pública española que no solo han garantizado los servicios públicos a sus ciudadanos, sino que han generado ahorros para mantenerlos en el futuro y no hipotecar a las próximas generaciones de españoles.
    2. Acordar que las entidades locales puedan participar de forma directa de los fondos europeos para la reconstrucción en al menos, un 14,6% (20.000 millones de €) que equivale al porcentaje de gasto público que representan las entidades locales dentro del gasto público de la Nación.
    3. Fijar el reparto entre las Entidades Locales de los Fondos del Mecanismo de Reconstrucción, Recuperación y Resiliencia, de acuerdo con las prioridades que establezca, por consenso, la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de protección social, fomento del empleo, cultura y deporte, medioambiente y bienestar comunitario, urbanismo y vivienda, seguridad y movilidad ciudadana, sanidad y educación, y otras cuestiones de impacto local.
    4. Crear de manera urgente el Fondo de Reconstrucción Local por valor de 3.000 millones € que la Ministra de Hacienda prometió en repetidas ocasiones durante el año 2020 y que todavía no se ha desarrollado.
    5. Adoptar las medidas necesarias de cara a modificar el Real Decreto Ley 36/2020 de 30 de diciembre, con el fin de garantizar una gestión transparente, justa y eficiente de los fondos europeos de recuperación.
  4. La Diputación Provincial de Valladolid de traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a los Portavoces de los Grupos Políticos del Congreso, Senado y de las Cortes de Castilla y León, así como a la Junta de Gobierno de la FEMP.

 

En Valladolid, a 16 de marzo de 2021

Fdo.: Agapito Hernández Negro

PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

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El Grupo Provincial Popular de la Diputación de Valladolid presentará una Proposición en el próximo pleno en apoyo a los ganaderos y agricultores de la provincia y solicitando mantener el actual estatus legal de las poblaciones de lobo al norte del río Duero

Valladolid, 19-2-2021.- La proposición ha sido aprobada con los votos a favor de PP, Cs y VOX, la abstención del PSOE, y el voto en contra de TLP.

La proposición ha sido defendida por el portavoz Popular, Agapito Hernández

 

TEXTO DE LA PROPOSICIÓN

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el Orden del Día del Pleno Corporativo a celebrar el próximo día 19 de febrero, la siguiente PROPOSICIÓN:

INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A QUE MANTENGA EL ACTUAL ESTATUS LEGAL DE LAS POBLACIONES DE LOBO AL NORTE DEL RÍO DUERO


Castilla y León alberga una rica biodiversidad bien conservada siendo la comunidad autónoma que, con notable diferencia, más lobos atesora y donde más se ha recuperado la especie en los últimos decenios. Según los datos del último Censo Nacional, el 60,2% de los lobos existentes en España se encuentran en nuestra comunidad autónoma. Además, gracias a la gestión realizada estas poblaciones han podido recolonizar en los últimos años territorios de otras comunidades autónomas (Madrid, Castilla La Mancha, La Rioja) donde la especie se había extinguido.

Sin embargo, no se puede ignorar que el lobo es un superdepredador que interacciona notablemente con la ganadería extensiva, y la citada recuperación de la especie ha conllevado el incremento exponencial de los daños sobre el ganado de forma preocupante, especialmente en los territorios situados al del sur del Duero donde el lobo se encuentra estrictamente protegido.

Por el contrario, en el norte, donde su actual régimen legal permite la adopción de medidas de gestión como la caza sostenible, la situación es muy diferente, siendo los daños mucho menores y sin haberse incrementado en los últimos diez años. Y todo ello habiendo asegurado la adecuada conservación de la especie. 

Así, las manadas situadas al sur del Duero, que son el 15% del total, producen el 83% de los ataques, mientras que el 85% de las manadas, las del norte, únicamente causan el 17%.

La ganadería extensiva es una de las principales actividades económicas, cuando no la principal, en muchas de nuestras zonas de montaña, permitiendo luchar contra la despoblación, conservando hábitats de gran valor ecológico, y controlando el combustible más ligero, el herbáceo y arbustivo lo que permite prevenir grandes incendios con gravísimas consecuencias.

Por tanto, es imprescindible lograr un equilibrio entre la conservación de lobo y la conservación de la ganadería extensiva. Este equilibrio está más próximo en las poblaciones del norte de la comunidad, con una mayor flexibilidad en su gestión, donde la especie es cinegética.

Sin embargo, en fechas recientes el Gobierno de España y a pesar de la postura contraria de las comunidades autónomas directamente afectadas (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, que poseen más del 95% de la población española de lobos), en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad se prohibió la caza del lobo en una votación que dejó mucho que desear.

De continuar la tramitación de este acuerdo, con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se prohibiría cualquier actuación hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos o perseguirlos. El régimen de excepciones establecido en la misma Ley para no aplicar esa prohibición genérica haría imposible el control de ejemplares de lobo con la suficiente eficiencia como para asegurar la compatibilidad entre la especie y la ganadería extensiva, y dejaría sin efectos de la consideración de especie cinegética del lobo en nuestra comunidad autónoma.

No hay que olvidar que el actual estatus legal de la especie es absolutamente respetuoso con la normativa europea, la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (conocida como Directiva Hábitats), por lo que no existe ninguna razón jurídica para llevar a cabo la modificación que se propone. Es más, la propia Comisión Europea, siendo consciente de la creciente problemática de la interacción del lobo con la ganadería extensiva en cada vez más países de la Unión Europea, ha elaborado el denominado “Plan de Acción para la Naturaleza, las Personas y la Economía” para flexibilizar la aplicación de dicha directiva.  

Por otro lado, la actual estrategia nacional de conservación y gestión del lobo propone justo lo contrario, es decir, que las poblaciones del sur del Duero tengan el mismo régimen que las del norte del río Duero. 

La postura expresada en esta iniciativa y sus argumentos son plenamente compartidos por los Gobiernos de Castilla y León, Principado de Asturias, Cantabria y Galicia, ya que todo ello supondría un retroceso en los avances que se vienen realizando para la convivencia del lobo y la actividad humana, un factor fundamental para el manejo del lobo, y que no está motivado, como reconoce el propio Comité Científico del Comité de Flora y Fauna Silvestres, por el estado de conservación de la especie que es claramente favorable.

Por todo ello, considerando que resulta necesario mantener el régimen jurídico actual que se ha demostrado plenamente eficaz para compatibilizar la conservación del lobo con el mantenimiento de una actividad tan esencial para Castilla y León como la ganadería extensiva, se somete a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente acuerdo:

Instar  al Gobierno de España a que mantenga el actual estatus legal de las poblaciones de lobo al norte del río Duero, renunciando a tramitar cualquier cambio o modificación normativa que pretenda incluir dichas poblaciones en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, habida cuenta que los datos existentes sobre dinámica de poblaciones, área de distribución y hábitat disponible, no avalan dichas propuestas, en la convicción, además, de que el status actual al norte del Duero conjuga de forma sostenible los intereses de la especie con los del mundo rural y la ganadería.

En Valladolid, a 16 de febrero de 2021

Fdo.: Agapito Hernández Negro

PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

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EL GRUPO PROVINCIAL POPULAR SOLICITA AL GOBIERNO DE ESPAÑA UNA NUEVA PARTIDA EN LOS PGE 2021 CON FONDOS PARA LAS ENTIDADES LOCALES CON CON UNA PROPOSICIÓN EN EL PLENO DE 22 DE ENERO DE 2021

La proposición ha sido aprobada por 16 votos a favor (PP, Cs y VOX) y 11 abstenciones (PSOE y VTLP).

 

La proposición ha sido defendida por el portavoz del Grupo Provincial Popular, Agapito Hernández Negro

TEXTO DE LA PROPOSICIÓN

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el Orden del Día del Pleno Corporativo a celebrar el próximo día 22 de enero, la siguiente PROPOSICIÓN:

SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE HABILITE UNA NUEVA PARTIDA EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2021 CON FONDOS DESTINADOS A LAS ENTIDADES LOCALES

Durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 en las Cortes Generales, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, ha sido la única fuerza política de ámbito nacional que ha presentado enmiendas para intentar que las Entidades Locales de toda España pudieran disponer en el próximo ejercicio 2021 de nuevos fondos extraordinarios, que permitiera a los gobiernos locales, en su ámbito de actuación, ejercer su capacidad de desarrollar políticas y fijar prioridades para satisfacer las demandas y necesidades de los ciudadanos.

En este sentido el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado dos enmiendas de adición, la primera para activar un Fondo de Reconstrucción Social para los entes locales, con el objetivo de incentivar la recuperación económica y social por importe de 4.000 millones de euros, que permita a la entidades locales, en la gestión de sus respectivos intereses, financiar actuaciones relacionadas con la elaboración o puesta en marcha de los planes o estrategias de acción locales para el impulso de la reactivación económica.

La segunda enmienda para permitir a las entidades locales participar en los Fondos Europeos, de tal forma que se transfiera a estas en el periodo 2021-2023, la parte proporcional de los Fondos Europeos que le corresponde por su peso relativo respecto al resto de las administraciones públicas, y que en ningún caso fuera inferior al 14,6% para la media de ese periodo.

Además, el Gobierno de España se comprometió a crear un fondo por importe de
3.000 millones de euros que se iba a plasmar en un Decreto del que nada se ha vuelto a saber, que estaba destinado a aquellos ayuntamientos que no tienen ahorros para afrontar gastos originados por la Covid-19.

Distintas Comunidades Autónomas (Castilla y León, Madrid, Andalucía, Valencia y Baleares) han habilitado líneas específicas destinadas a sus entidades locales para hacer frente a los efectos derivados de la pandemia. La Comunidad Autónoma de Castilla y León ha puesto a disposición de las entidades locales, de manera directa, fondos por importe de 72,7 millones de euros.

Estas medidas aprobadas y ejecutadas por la Junta de Castilla y León precisan con urgencia ser acompañadas por medidas similares de la Administración del Estado en base a los principios de cooperación y colaboración entre las Administraciones públicas. En atención a las aportaciones realizadas por el Estado en anteriores instrumentos de cooperación entre las distintas administraciones públicas que afectaban los intereses de las Entidades Locales, (por ejemplo, las aportaciones al Plan de Convergencia), se considera necesario que la Administración del Estado realice al menos el mismo esfuerzo que el que está realizando la Administración Autonómica, implementando nuevos fondos con destino a las entidades locales de Castilla y León.

Estos nuevos fondos del Estado conseguirían un importante efecto multiplicador de los objetivos marcados por las actuaciones autonómicas, y que es común en las actuaciones que necesitan implementarse por las administraciones que no es otro que la recuperación económica y social, en definitiva, la reactivación de la economía y el empleo.

Este efecto multiplicador será más efectivo si la distribución de estos nuevos fondos del Estado contemplara los mismos criterios objetivos de distribución territorial y asignara en cada una de las nueve provincias de la Comunidad de Castilla y León, las mismas cuantías que ha concedido la Junta de Castilla y León a las entidades locales de cada una de ellas.

Por todo lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:

  1. Instar al Gobierno de España a que habilite una partida en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 con nuevos fondos destinados a las entidades locales que permita a los gobiernos locales, en su ámbito de actuación, ejercer su capacidad de desarrollar políticas y fijar prioridades para satisfacer las demandas y necesidades de los ciudadanos.
  2. Solicitar al Gobierno de España que la incorporación de estos nuevos fondos con destino a las entidades locales de Castilla y León sea, al menos, la misma que la destinada por la Comunidad Autónoma y con los mismos criterios objetivos de distribución territorial, lo que permitirá financiar actuaciones relacionadas con la elaboración y puesta en marcha de los planes o estrategias de acción locales para el impulso de la reactivación económica.

En Valladolid, a 19 de enero de 2021

Fdo.: Agapito HERNÁNDEZ NEGRO

Portavoz del Grupo Provincial Popular

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EL GRUPO PROVINCIAL POPULAR PRESENTA EN EL PLENO DE 30 DE DICIEMBRE DE 2020 UNA PROPOSICIÓN PARA LA DEFENSA DEL SECTOR REMOLACHERO-AZUCARERO

Valladolid, 30-12-2020.- La proposición ha sido aprobada con los votos a favor de los grupos PP, PSOE, Cs y Vox, y el voto en contra de TLP.

Fernando Esteban Velasco Diputado PP

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el Orden del Día del Pleno Corporativo a celebrar el próximo día 30 de diciembre de 2020, la siguiente PROPOSICIÓN:

PARA LA DEFENSA DEL SECTOR REMOLACHERO-AZUCARERO

Recientemente, el Gobierno de la Nación ha comunicado a la Comisión Europea su intención de aumentar el IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%, con el presunto objetivo de favorecer hábitos más saludables. 

El Gobierno de la Nación propone añadir este tributo al sistema fiscal para su aplicación en el conjunto de España. Una inclusión que es además completada con una perniciosa e incriminatoria campaña desde el Ministerio de Consumo en la que, se comparan los efectos del azúcar con los del tabaco para desalentar su consumo. 

La aplicación de esta propuesta fiscal y de tan nefasta campaña criminalizadora del azúcar causará un gravísimo impacto en sectores de actividad seriamente afectados por la actual crisis económica derivada de la gestión de la pandemia de coronavirus, (industria alimentaria de bebidas y zumos, hostelería, restauración, etc.), y por supuesto en el sector remolachero-azucarero (sector productor de remolacha y sector industrial de extracción del azúcar) en el empleo y en el mundo rural de Castilla y León. 

Respecto del sector remolachero-azucarero, conviene volver a recordar que el sector productor de azúcar en España lleva padeciendo una profunda reestructuración desde 2005, que ha provocado la reducción del 50 % de la cuota de producción de azúcar, situándose actualmente en algo menos de 500.000 Tm, de las cuales el 85 % se molturan en Castilla y León. Es un sector del que dependen 4.000 agricultores, que cultivan unas 30.000 hectáreas en España. Prácticamente el 70 % del cultivo se localiza en Castilla y León. Asimismo, existen cinco plantas transformadoras de azúcar en España, 4 de ellas en Castilla y León, que dan trabajo directo a 1.200 personas e indirecto a unas 1.500 más. 

En definitiva, unas 6.000 personas dependen del sector azucarero en España. El 70 % en Castilla y León. Siendo un sector económico, el remolachero azucarero, que genera un impacto económico y social muy importante. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en 2017 finalizó el proceso de reestructuración azucarera con la eliminación de las cuotas de producción. Esta nueva etapa se abre como una buena oportunidad para que el sector se refuerce en España, gane mercado interno y posibilite su crecimiento y gane competitividad. Si se añade un elemento contrario a este planteamiento, en el sentido de reducir el consumo, el sector perderá su oportunidad teniendo que reducir aún más su producción, lo que llevará consigo pérdida de puestos de trabajo y abandono de la producción remolachera por agricultores.

Las reacciones a esta actuación del Gobierno de España no se han hecho esperar. La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla se ha mostrado muy crítico con la propuesta fiscal (“injusta, discriminatoria y creada con un afán recaudatorio”) y con la campaña publicitaria iniciada y ha solicitado su retirada por considerarlas un despropósito.  

También la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), La Confederación Empresarial de la Hostelería de España y la Asociación de Bebidas Refrescantes, (ANFABRA), se pronuncian en sentido similar y consideran que sería un nuevo golpe para un sector ya muy perjudicado por la crisis. Incluso la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT en Castilla y León ha pedido al ministro de Consumo que no criminalice al sector del azúcar.

Además, hay que recordar que, según afirma ANFABRA, “los refrescos sólo aportan el 2,1% del total de las calorías diarias que ingieren los españoles y, por ello, no se entiende que se quiera castigar el tomar estos alimentos cuando pueden formar parte de una dieta equilibrada”. 

A mayores, a través de un manifiesto el 4 de noviembre se ha repasado la situación actual del sector remolachero-azucarero, defendiendo la importancia del mismo en nuestra comunidad y pronunciándose en contra de las medidas impulsadas por el Gobierno de España. Este pronunciamiento contó con el apoyo de 23 entidades de nuestra región, encabezadas por la Junta de Castilla y León, alcaldes de los principales ayuntamientos de las zonas remolacheras, sindicatos agrarios, asociaciones empresariales y profesionales del sector. 

Incluso, las Cortes de Castilla y León, también el pasado 4 de noviembre, han aprobado una Proposición no de Ley, sin ningún voto en contra, en defensa del sector remolachero-azucarero, pidiendo al Gobierno de España que no se suba el IVA, y que se retire la campaña contra el consumo del azúcar.

Por tanto, como ya hemos venido reiteradamente manifestando los problemas de salud relacionados con consumos abusivos deben tratarse, lejos de criminalizar a los productos, con buenas campañas de información y educación de la población respecto de hábitos responsables de consumo.

Educar es preferible a gravar con impuestos o prohibir. Si la causa subyacente de un consumo abusivo es un problema de falta de información o de concienciación, el impuesto podrá restringir el consumo y afectar al sector productor, pero no creará, de facto, consumidores más educados: simplemente, desplazará sus consumos a otros sectores o productos. Y no parece ni eficaz ni una buena práctica entrar en una espiral de poner impuestos a todo producto que pueda llegar a ser considerado “malo” por razones más relacionadas con los hábitos del sujeto que lo consume que con la propia naturaleza del producto.

Por todo lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:

  1. Instar al Gobierno de España que manifieste su total rechazo y, en consecuencia, solicite la retirada de la propuesta de aumentar el IVA del 10% al 21% para las bebidas carbonatadas y azucaradas en España.
  2. Solicitar al Gobierno de España la retirada inmediata de la campaña de consumo contra el azúcar, denominada “#ElAzúcarMata” en la que incluso se compara indebidamente al azúcar con el tabaco, y que sea sustituida por campañas informativas y educativas dirigidas a promover hábitos de consumo responsables, todo ello en colaboración con el sector remolachero-azucarero.
  3. Reforzar esta posición con adhesiones de entidades y colectivos que apuesten por el sector remolachero-azucarero de Castilla y León, contribuyendo al desarrollo de nuestras zonas rurales. 

En Valladolid, a 23 de diciembre de 2020

Fdo.: Agapito Hernández Negro
PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

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EL GRUPO PROVINCIAL POPULAR PRESENTA EN EL PLENO DE 30 DE OCTUBRE DE 2020 UNA PROPOSICIÓN PARA GARANTIZAR LA PROPIEDAD PRIVADA Y COMBATIR LA OKUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS

Valladolid, 30-10-2020.- La proposición ha sido aprobada con los votos a favor de los grupos provinciales Popular y de VOX, la abstención del grupo Ciudadanos y el voto en contra de los grupos Socialista y de Toma la Palabra.

Pleno Telemático de la Diputación, presidido por Conrado Íscar, de 30 de octubre 2020. Raquel González defiende la Moción del PP contra la ocupación

 

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el Orden del Día del Pleno Corporativo a celebrar el próximo día 30 de octubre de 2020, la siguiente PROPOSICIÓN:

 

INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A APROBAR DE MANERA URGENTE UNA LEY QUE GARANTICE EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PROPIEDAD PRIVADA Y COMBATA EFICAZMENTE LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS

La ocupación ilegal de viviendas, según los últimos datos publicados, ha crecido un 58% en los últimos cinco años pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en 2018.

Solamente entre los meses de enero y junio de 2020 se han registrado 7.450 denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio del Interior. De media, se producen 41 denuncias diarias por ocupación ilegal de inmuebles.

Los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha denunciado.

Estos datos nos muestran como la ocupación ilegal es un problema creciente en nuestro país que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución Española (artículos 47 y 33 respectivamente) sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes.

Esta alteración de la convivencia vecinal se produce por la proliferación de bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente.

En los últimos años, se han producido avances legislativos en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas como ocurrió en 2018 a través de la Ley 5/2018 que modificó la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas acortando plazos y agilizando procedimientos.

Pero es necesario, a la vista de las cifras anteriormente mencionadas, reforzar el ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica además de luchar activamente contra las mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio.

Para ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una Proposición de Ley Orgánica que, por un lado, refuerza el concepto de domicilio, pero ligado al del legítimo propietario, poseedor o titular de un derecho sobre la cosa inmueble, frente a quién ocupa sin título y sin tolerancia del primero.

Y, por otro lado, define por primera vez de manera inequívoca qué es la ocupación ilegal: “la tenencia o disfrute de cosa inmueble ajena, sin pago de renta o merced, ni razón de derecho, que no se encuentra amparada en la mera liberalidad o tolerancia del propietario o poseedor real”.

Esta proposición de ley introduce medidas como que la autoridad pública o sus agentes podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas sin necesidad de esperar meses; considera nula la inscripción en el Padrón municipal cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal; agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y regula nuevas penas para quienes fomenten la ocupación ilegal y si estas personas son responsables políticos incluye una inhabilitación de 15 años para ejercicio de cargo público.

Además, esta proposición de ley refuerza los medios de los que disponen las comunidades de propietarios para combatir la ocupación ilegal, y las negativas consecuencias que tiene para la convivencia y la seguridad de los vecinos, que podrán adoptar medidas preventivas tales como tapiar o cerrar puertas o ventanas.

Por todo lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:

  1. Manifestar el apoyo expreso de esta Corporación con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra ocupación ilegal de viviendas. Un compromiso que es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda.
  2. Instar al gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas.
  3. Apoyar las modificaciones legales y las medidas incluidas en la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.
  4. Dar traslado de este acuerdo al Ministro de Justicia y a la Presidenta del Congreso de los Diputados, así como a los portavoces de los grupos políticos con representación en el mismo.

 En Valladolid, a 27 de octubre de 2020 

Fdo.: Agapito Hernández Negro

PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

ALCALDES Y CONCEJALES DEL PP DE VALLADOLID PONEN EN MARCHA LA CAMPAÑA EN DEFENSA DE LA UNIDAD NACIONAL Y DE LAS INSTITUCIONES

Valladolid, 29-9-2020.- Los alcaldes y concejales del PP de Valladolid, con el presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar, a la cabeza, piden a los vecinos de los municipios de la provincia que se haga un pequeño gesto por la unión de todos, e invitan a colocar la bandera nacional en el balcón de cada casa o negocio desde mañana y hasta el próximo 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional.

Conrado Íscar y Alcaldes y Concejales del PP de Valladolid ponen en marcha la Campaña en Defensa de la Unidad Nacional y de las Instituciones

En los últimos años, diversos movimientos y grupos políticos, incluso algunos con responsabilidades de gobierno y que han jurado ‘cumplir y hacer cumplir la Constitución’, han puesto en marcha un proceso para liquidar nuestra democracia y el sistema político surgido del ejemplar proceso de la Transición Española.

 

Para lograrlo, han puesto en duda la legitimidad de nuestra Carta Magna, estableciendo una falsa relación entre los problemas de los españoles y los artículos de nuestra ley de leyes; han maniobrado para estigmatizar y vaciar de contenido las instituciones que nos definen como Estado de derecho; y algunos, incluso, han llegado a vulnerar abiertamente las leyes que todos nos hemos dado.

España vive momentos muy difíciles, y mientras la pandemia de COVID-19 sigue costando vidas y cerrando negocios, algunos buscan el enfrentamiento institucional convencidos de que, con ello, podrán obtener beneficios para sus propios intereses políticos. Los ataques al Estado tras la reciente inhabilitación de Quim Torra, o los agravios que está sufriendo el Rey Felipe VI, tienen como objetivo buscar el enfrentamiento entre españoles y romper el consenso constitucional de 1978.

En estos momentos tan complicados que estamos viviendo como nación, y frente a los que buscan la división y la ruptura, los alcaldes y concejales del PP de Valladolid, con el presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar, a la cabeza, han pedido que se haga un pequeño gesto por la unión de todos, invitando a colocar la bandera nacional en el balcón de casa o negocio desde mañana y hasta el próximo 12 de Octubre, Día de la Fiesta Nacional. Porque solo desde la unidad podremos seguir avanzando como país.

Nada representa mejor la unidad, sea cual sea nuestra ideología, que la bandera española, la bandera de todos.

Es solo un pequeño gesto, pero han recordado que ‘mucha gente haciendo muchas cosas pequeñas, en muchos lugares pequeños, puede cambiar el mundo’.

Bandera de España

EL PARTIDO POPULAR DE VALLADOLID NO CEDERÁ AL CHANTAJE DEL GOBIERNO PARA APROPIARSE DE LOS AHORROS DE LOS AYUNTAMIENTOS

Valladolid, 7-9-2020.- El presidente del Grupo Provincial Popular, Conrado Íscar, anuncia que los alcaldes y concejales del Partido Popular de Valladolid se unen al manifiesto contra la cesión al Gobierno de España de los remanentes de las Corporaciones Locales.

Conrado Íscar en rueda de prensa en la Sede Provincial del PP de ValladolidEl presidente del Grupo Provincial Popular, Conrado Íscar, ha anunciado que los 160 ayuntamientos gobernados por el Partido Popular en la provincia de Valladolid no van a van a ceder sus ahorros al Gobierno de España y ha animado “a todos los representantes políticos, sean del color que sean, a que antepongan por encima de todo la defensa de los intereses de sus vecinos” en el debate que va a tener lugar el próximo jueves en el Congreso de los Diputados.

Conrado Íscar ha asegurado que  el acuerdo suscrito por Pedro Sánchez y Abel Caballero supone “un recorte inadmisible de los fondos propios de las administraciones locales y un ataque a la autonomía municipal, además de un chantaje”, ya que solo aquellos que cedan sus remanentes al Gobierno podrán acceder al fondo de 5.000 millones que destina a los ayuntamientos para hacer frente a la COVID, mientras que los que no quieran o no puedan ceder a las pretensiones de Sánchez no recibirán dinero para ayudar a paliar la crisis del COVID entre sus vecinos.

Asimismo, ha recordado que esta expropiación de los ahorros de los vecinos se produce en plena crisis sanitaria, económica y social, “cuando está claro que los ayuntamientos y  las diputaciones somos la primera línea de defensa contra la crisis económica y social que atravesamos”.

El presidente del Grupo Provincial Popular ha acusado al presidente de la FEMP, Abel Caballero, de romper la unidad del municipalismo, de traicionar el compromiso que había adquirido con los presidentes de Diputaciones de toda España el pasado mes de mayo y de “propiciar el peor ataque en democracia a la autonomía municipal y provincial, anteponiendo los intereses de Pedro Sánchez a los de los ayuntamientos y diputaciones de toda España”.

Por último, y tras reiterar que “ninguno de los 160 ayuntamientos de la provincia gobernados por el PP cederá sus remanentes al Gobierno de España” ha anunciado que los alcaldes y concejales del Partido Popular en la provincia de Valladolid se van a unir al manifiesto conjunto contra el Decreto del Gobierno que ya han firmado alcaldes de distintas ciudades y pueblos de España y de distinto signo político.