El grupo provincial Popular reivindica en el Pleno de julio de 2022 el mantenimiento de los Juzgados de Paz en los Ayuntamientos de la provincia

El portavoz Popular Agapito Hernández defiende la proposición

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 29 de julio de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN:

POR EL MANTENIMIENTO DE LOS JUZGADOS DE PAZ EN LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA

El pasado 19 de julio, el Gobierno de España aprobó, en Consejo de Ministros, el Proyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia que, junto con las otras dos leyes de eficiencia procesal y organizativa, actualmente ya en trámite parlamentario, y bajo el “paraguas” de la transformación digital y la generalización del uso de medios electrónicos para relacionarse con la Administración de Justicia, pone fin a la existencia de los Juzgados de Paz.

Los juzgados de paz fueron creados por Real Decreto en el año 1855. En la Provincia de Valladolid y en Castilla y León la figura del juzgado de paz es una institución arraigada desde hace años y que nace como un servicio de mejora de las relaciones vecinales.

Los juzgados de paz son órganos unipersonales presentes en los municipios donde no existe juzgado de primera instancia e instrucción. Están dirigidos por un juez de paz, que es una persona sin carrera judicial y nombrada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por un periodo de cuatro años, a propuesta de cada ayuntamiento por acuerdo del pleno. Este hecho evidencia el apego de la persona designada, a la comunidad y la capacidad de mediación local que se le atribuye. Al mismo tiempo, las tareas que desarrolla comportan el alivio de las cargas de los tribunales de justicia, ofreciendo judicatura de proximidad y ahorrando muchos recursos a los propios tribunales.

El actual proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de junio, del Poder Judicial, para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, se prevé la eliminación de los juzgados de paz. Así pues, todos los municipios de la provincia de Valladolid que cuenten con juzgados de paz verían eliminada esta institución y se perdería el servicio de juez de paz.

La eliminación de los juzgados de paz supondría un encarecimiento de la justicia y la alejaría de la actual proximidad de la ciudadanía, además de incrementar el ya de por sí, colapso actual de los juzgados. Esta iniciativa legislativa, prevé sustituir la figura del juez de paz, por oficinas municipales de justicia, que no tendrían la misma proximidad porque las actuaciones se llevarían a cabo en sedes judiciales, de las que la mayoría de los municipios no disponen.

Por todo esto, hay un amplio consenso en blindar la figura de los juzgados de paz y rechazar la eliminación de esta instancia judicial, que entre sus tareas más destacadas ejerce la mediación en los conflictos vecinales.

Por todo lo expuesto, el Grupo Provincial Popular, somete a la consideración de este Pleno, la aprobación del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Rechazar la eliminación de los juzgados de paz y defender su permanencia en los municipios por la importante labor activa de mediación que ejercen.

SEGUNDO: Reivindicar la relevante función de justicia de proximidad que ejercen en el ámbito municipal, que evita la demora de en la solución de los conflictos vecinales y agiliza y aligera la propia administración de justicia.

TERCERO: Instar a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y el Senado a rechazar la eliminación de los juzgados de paz de este proyecto de ley.

En Valladolid, a 25 de julio de 2022

 

Fdo.: Agapito Hernández Negro

PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

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Resultado de la votación: La proposición ha sido aprobada con 15 votos a favor (PP, Cs y VOX) y 11 votos en contra (PSOE y TLP).

El Grupo Provincial Popular pedirá en Pleno al Gobierno de España que establezca un PLAN DE MEDIDAS URGENTES Y EXTRAORDINARIAS EN DEFENSA DE LAS FAMILIAS Y LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 24 de junio de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN:

INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A ESTABLECER UN PLAN DE MEDIDAS URGENTES Y EXTRAORDINARIAS EN DEFENSA DE LAS FAMILIAS Y LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Las políticas económicas que viene desplegando el Gobierno de PSOE-Podemos desde finales del año 2018 no están sirviendo a España para converger en desarrollo socioeconómico con la media de la UE, de hecho, los indicadores evidencian un retraso en la salida de la crisis, y muestran un agravamiento de los desequilibrios macroeconómicos que sitúan las finanzas públicas en una posición cada vez más vulnerable.

A su vez en 2019 se evidenció un empeoramiento de los desequilibrios en las cuentas públicas españolas, rompiendo la tendencia de reducción del déficit iniciada en 2013. De esta forma se registró un déficit del -3,06% del PIB.

En 2020 año de irrupción del COVID la economía cayó un –10,8%, una caída 4 puntos porcentuales mayor que la media registrada en la zona euro (-6,4%). Además, España cerró 2020 con déficit del 10,27%, el mayor entre los países de la UE que de media registró un -6,9% del PIB. La deuda pública española se posicionó en la cuarta mayor de la UE alcanzando un 120% sobre el PIB.

Mientras tanto, el gobierno ha actualizado al fin sus previsiones para 2022. Acaba de reducir la previsión de crecimiento del PIB del 7% al 4,3% más acorde con lo esperado por todos los servicios de estudios. España será el único país europeo que no habrá recuperado en 2022 el nivel económico previo a la pandemia y que solo a finales del 2023 se recuperaría la pérdida de PIB derivada de la pandemia.

La inflación se ha agravado en 2022, registrándose ya en febrero de 2022 (anterior al inicio de la invasión de Ucrania) un crecimiento de la inflación anual del 7,6%, y alarmante en marzo con un incremento anual del 9,8%, y que se mantiene en una tasa del 8,4% en el mes de abril, impulsando un incremento en la recaudación que está registrando máximos históricos como ya quedó evidenciada con los datos de recaudación de 2021.

En este punto, y en base a las estadísticas de recaudación hay margen para actuar sin afectar la financiación de los servicios públicos fundamentales, utilizando el margen de entre 7.500 y 10.000 millones de euros de sobre-recaudación, que puede verse ampliado si continúa el aumento de la inflación.

De otra parte, el diseño unilateral del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia por parte del Gobierno de la Nación, sin contar de manera real y efectiva con los agentes económicos, ni con el resto de las administraciones territoriales está poniendo en peligro el aprovechamiento de esta oportunidad histórica de transformación económica.

Por todo ello, el Grupo Provincial Popular somete a la consideración de este Pleno la aprobación de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

ÚNICA. - Instar al Gobierno de España a:

1. Diseñar un Plan Nacional para la mejora de la efectividad y calidad del gasto público que permita establecer medidas para la modernización y reforma de todas las Administraciones Públicas, estatal, autonómicas y corporaciones locales, que permita un ahorro y racionalización del gasto.

2. Mejorar el diseño del Plan Recuperación Transformación y Resiliencia para hacerlo más ágil de manera que la financiación llegue a las empresas y familias de forma inmediata y para que las reformas sean transformadoras.

3.  Iniciar la implementación de un paquete de reformas estructurales para incentivar la actividad económica.

4. Realizar una bajada de impuestos selectiva, inmediata y temporal sobre los sectores más afectados por la inflación, y para rentas bajas y medias cuantificada en una horquilla de entre 7.500 y 10.000 millones de euros que contemple como posibles medidas a adoptar, deflactar la tarifa del IRPF en los tres primeros tramos, aprobar para autónomos y profesionales la reducción de la tributación en estimación objetiva en IRPF (módulos) y del régimen simplificado en IVA y régimen especial de recargo de equivalencia en aquellos sectores especialmente afectados por el incremento de precios y costes o bajar de manera temporal el IVA del gas y la electricidad del 10% al 5%, e impulsar la rebaja del Impuesto Especial de Hidrocarburos.

En Valladolid, a 21 de junio de 2022

Fdo.: Agapito Hernández Negro

PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

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Resultado de la votación: La proposición ha sido aprobada con 14 votos a favor (PP y Cs), 11 votos en contra (PSOE y TLP) y una abstención (VOX).

El Grupo Popular de la Diputación exige, con una proposición en el Pleno de abril de 2022, al Gobierno de España que no lleve a cabo la armonización fiscal y que baje los impuestos a los españoles

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 22 de abril de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN:

EXIGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE NO LLEVE A CABO LA DENOMINADA ARMONIZACIÓN FISCAL Y QUE BAJE LOS IMPUESTOS QUE SOPORTAN LOS ESPAÑOLES

La autonomía financiera de las Comunidades Autónomas queda claramente establecida en el artículo 156.1 de la Carta Magna que literalmente establece que “las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”.

Esa autonomía financiera se ve reforzada y desarrollada a través de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Un modelo y una autonomía financiera reconocida en la Constitución que el PSOE, Podemos y sus socios pretenden eliminar porque deja en evidencia su nula capacidad de gestión y su demagógico discurso de que son necesarios impuestos altos para mantener los servicios públicos.

Puesto que la realidad ha demostrado por la vía de los hechos lo contrario. Que bajando impuestos se permite reactivar la economía, mejorar la recaudación fiscal y se puede seguir siendo solidario, como establece la Constitución, con el resto de las autonomías y es la mejor forma de garantizar la correcta prestación de los servicios públicos y garantizar así la sostenibilidad del estado de bienestar.

Extremadura, Cantabria o Castilla-La Mancha también han establecido las mismas bonificaciones y rebajas fiscales que Madrid, Andalucía, Castilla León, Murcia o Galicia en impuestos como el de Sucesiones y Donaciones puesto que, en virtud de nuestro ordenamiento jurídico el gobierno de cada comunidad autónoma puede decidir libremente si aumenta o reduce la fiscalidad a sus ciudadanos siempre que observe el principio de solidaridad entre todos los españoles.

A pesar de estos ejemplos, desde hace varios años tanto el Presidente del Gobierno como su Ministra de Hacienda, llevan amenazando a las CC. AA., especialmente a las gobernadas por el Partido Popular, con la “armonización” (“subida”) fiscal y por ello, crearon un grupo de expertos para que elaborasen un “informe-coartada” para llevarla a cabo.

Dicho comité de expertos presentó sus conclusiones el pasado 3 de marzo, que se resumen en animar al Gobierno a continuar con su “hachazo fiscal” a los españoles.

Un “hachazo fiscal” iniciado con diferentes medidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado como las subidas del impuesto de matriculación, sociedades, la reducción de los beneficios fiscales de los planes de pensiones…

Unas subidas que se unen a las provocadas por el espectacular incremento de la inflación -previo a la invasión de Ucrania por Rusia- ya que el gobierno no ha querido adaptar los impuestos a esta subida lo que supondrá que, solo en el IRPF, cada contribuyente pagará entre 80 y 204 euros más.

Y a las que se sumarán las propuestas realizadas por el comité de expertos de Sánchez y Montero que proponen armonizar, es decir, subir los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones; limitar las exenciones, deducciones o reducciones en el IRPF; aumentar los denominados impuestos verdes, ente otras muchas propuestas que se resumen en una sola: subida de impuestos generalizada.

Para evitar esta injerencia y proteger la autonomía financiera de las autonomías españolas recogida en la Constitución frente a cualquier acto en contra que pueda venir del Gobierno de Pedro Sánchez, de otras CC. AA. o por actos bilaterales del Estado, como los acuerdos con los independentistas catalanes, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Exigir al gobierno de España que no lleve a cabo la denominada armonización fiscal, que no es más que una subida de impuestos encubierta.

SEGUNDO.- Instar al gobierno de España a que siga el ejemplo de otros países europeos como Portugal, Alemania, Francia o Italia que en los últimos años han puesto en marcha sucesivas rebajas de impuestos para apoyar a las clases medias de sus países e impulsar la recuperación de sus economías.

TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno de España, a la Sra. Ministra de Hacienda y Función Pública, a los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso y Senado y la Federación Española de Municipios y Provincias.

En Valladolid, a 19 de abril de 2022

 

Fdo.: Agapito Hernández Negro

PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

 

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Resultado de la votaciónLa proposición ha sido aprobada por 14 votos a favor (PP y CS), 11 votos en contra (PSOE y TLP) y 1 abstención (VOX).

El Grupo Provincial Popular insta al Gobierno de España a que, de forma inmediata, adopte las medidas fiscales y económicas necesarias para paliar el incremento desorbitado de los precios de los combustibles, energía eléctrica y la continua subida del I.P.C.

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 25 de marzo de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN:

INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A QUE, DE FORMA INMEDIATA, ADOPTE LAS MEDIDAS FISCALES Y ECONÓMICAS NECESARIAS PARA PALIAR EL INCREMENTO DESORBITADO DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA CONTINUA SUBIDA DEL I.P.C.

La situación de las familias, autónomos y empresas se está haciendo insostenible en los últimos meses, como consecuencia de la continua subida de los precios de los combustibles, la electricidad y en general de todos los productos básicos, que se ha traducido en un grave crecimiento del I.P.C. en los últimos meses:

  • OCTUBRE 2021             5,40%
  • NOVIEMBRE 2021         5,61%
  • DICIEMBRE 2021           6,55%
  • ENERO 2022                  6,13%
  • FEBRERO 2022             7,62%

El precio de la energía eléctrica en el año 2021 se ha incrementado en más de un 250%, pasando de pagarse en enero de 2021 a 70,29 € el megavatio-hora a pagarse a 252,24 € en diciembre de ese mismo año.

El precio del gas también se ha visto disparado a lo largo del año 2021 y si en Enero de ese año el precio del megavatio-hora era de 27,31 €, en diciembre del mismo año se pagaba a 112,20 € el kilovatio-hora, con un incremento del 350%.

El precio de los carburantes a lo largo del año 2021 también ha experimentado un crecimiento constante e imparable. El gasóleo-A paso de costar 1,07 €/litro en enero de 2021 a costar 1,40 €/litro en diciembre del mismo año, con un incremento del 32% y el gasóleo-B evolucionó de 0,58 €/litro a 0,85 €/litro con un incremento del 46%.

Es intolerable que, ante esta situación, que está poniendo en serios apuros a muchas familias y obligando al cierre de muchos autónomos y empresas con la consiguiente destrucción de puestos de trabajo, el Gobierno de España mire para otro lado y diga que las medidas que se tengan que tomar, se estudiaran de forma tranquila y sosegada en los correspondientes grupos sectoriales que se creen.

El Sr. Sánchez demuestra que se encuentra muy tranquilo y encantado con esta situación, tal vez porque sabe que el único beneficiado de ella, es su gobierno que ve como, consecuencia de este incremento disparatado de los precios, los ingresos por I.V.A., Impuestos Especiales o de Hidrocarburos se multiplican en la misma proporción que los precios y de esta forma puede seguir disparando el gasto público, incrementando la deuda del Estado e hipotecando el futuro de las nuevas generaciones.

No se puede entender que, en esta situación de estanflación, el gobierno esté pensando en cómo nos incrementa los impuestos bajo la excusa de un informe de su Comité de Experto.

Por todo ello, se somete a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO:

Instar al Gobierno de España a que, de forma urgente, adopte las medidas fiscales y económicas necesarias para paliar las graves consecuencias que, para las familias, autónomos y empresas de este país, está ocasionando la desproporcionada subida de precios de los combustibles, la electricidad y los productos básicos durante el último año.

En Valladolid, a 21 de febrero de 2022

 

Fdo.: Agapito Hernández Negro

PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

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Resultado de la votación (Pleno de 25 de marzo de 2022): La proposición ha sido aprobada por 14 votos a favor (13 de PP y 1 de Cs) y 11 abstenciones (10 de PSOE y 1 de TLP).

 

El grupo provincial Popular insta a la CHD, con una proposición en el pleno, a que considere las alegaciones al Plan Hidrológico del Duero 2022-2027

El Diputado Popular Fernando Esteban
Velasco defendiendo nuestra proposición.

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 25 de febrero de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN:

INSTAR A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO A QUE TOME EN CONSIDERACIÓN LAS ALEGACIONES PRESENTADAS AL BORRADOR DEL PLAN HIDROLÓGICO DEL DUERO PARA EL PERIODO 2022-2027 DE FORMA CONJUNTA POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID, OPAS, COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS, COMUNIDADES DE REGANTES Y OTRAS ENTIDADES

El pasado 22 de junio de 2021, se publicó en el BOE el anuncio de la Dirección General del Agua, por el que se iniciaba el periodo de consulta pública del documento “Propuesta de Proyecto del Plan Hidrológico, referido al proceso de revisión correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Duero, estableciendo un plazo de seis meses para consultar los documentos y presentación de aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al Órgano de Cuenca respectivo.

En dicho plazo, finalizado el pasado 22 de diciembre de 2021, se han presentado cerca de 1.500 alegaciones al mencionado Plan Hidrológico, entre ellas, las presentadas conjuntamente por La Diputación Provincial de Valladolid, El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León, UCCL, ASAJA, COAG, URCACYL, distintas Comunidades de Regantes y Mancomunidades de la Provincia.

En este escrito de alegaciones, entre otras cuestiones, se pone de manifiesto que el Borrador del Plan Hidrológico del Duero para el periodo 2022/2027, no da solución al problema del reto demográfico y la despoblación en el mundo rural, no presenta un equilibrio entre objetivos sociales y económicos con criterios ambientales que garantice el desarrollo de la actividad agrícola y del regadío y no recoge futuras inversiones en el sector rural y carece de medidas ambiciosas de optimización e investigación de nuevas fuentes y recursos hídricos.

En base a estas consideraciones se presentan un total de 14 alegaciones al documento de Propuesta de proyecto de Plan Hidrológico, que tienen por finalidad intentar conseguir un equilibrio, garantizando el desarrollo de la actividad agraria y la defensa del medio natural.

En este mismo sentido, el 20 de diciembre de 2021, se firmó un acuerdo por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, las Organizaciones Profesionales Agrarias de Castilla y León, ocho de las nueve Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma, URCACYL y FerDuero, en el que manifestaban su desacuerdo con el contenido del Proyecto de Plan Hidrológico del Duero y en base a una serie de consideraciones, acordaban una serie de alegaciones que se deberían de tener en cuenta en la elaboración del mencionado Plan Hidrológico.

Por todo lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Instar a la Confederación Hidrográfica del Duero, a que tome en consideración las alegaciones, que de forma conjunta han presentado la Diputación Provincial de Valladolid, las Organizaciones Profesionales Agrarias, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León, Comunidades de Regantes y Mancomunidades de la Provincia, al Proyecto de Plan Hidrológico del Duero para el periodo 2022/2027 y se recojan en dicho Plan las medidas planteadas en el escrito de alegaciones.

SEGUNDO.- Instar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a que trabaje y adopte medidas que garanticen el futuro de la actividad agrícola-ganadera y favorezcan el desarrollo del mundo rural, como mejor forma de luchar contra la despoblación en nuestros pueblos.

En Valladolid, a 21 de febrero de 2022

Fdo.: Agapito Hernández Negro
PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

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Resultado de la votación: La proposición del PP ha sido aprobada con los votos de PP, Cs y VOX, y las abstenciones de PSOE y TLP.

El grupo provincial Popular exige al presidente del gobierno de España el cese inmediato del ministro de consumo por sus ataques a la ganadería y al sector cárnico español

Valladolid, a 21 de enero de 2022. La proposición ha sido aprobada en el Pleno de Enero de 2022 con los votos a favor de PP, Cs y VOX, y los votos en contra de PSOE y TLP.

TEXTO DE LA PROPOSICIÓN
 
D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 21 de enero de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN:
 
PARA EXIGIR AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EL CESE INMEDIATO DEL MINISTRO DE CONSUMO POR SUS ATAQUES A LA GANADERÍA Y AL SECTOR CÁRNICO ESPAÑOL
 
Según el Informe Anual de la Industria Alimentaria Española Periodo 2020-2021, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la industria cárnica es la tercera en cuanto a número de empresas que lo integran: 3.641 empresas, el 11,9% del total de empresas que conforman la Industria Alimentaria Española.
 
A este respecto hay que indicar que, según el referido informe publicado por el Gobierno de España, el 67% de esas empresas tienen menos de 10 trabajadores (y el 92,7% no alcanza los 50 empleados). Es decir, esta industria está formada predominantemente por pequeñas explotaciones ganaderas de tipo familiar que ayudan a crear empleo y riqueza y, lo que es más importante, a fijar población en el mundo rural.
En 2020 aportó casi 9.000 millones de euros de exportaciones a la balanza comercial de España contribuyendo a reducir el tradicional déficit comercial de nuestro país.
 
Si hablamos de eficiencia, sostenibilidad y respeto al medio ambiente y al bienestar animal, la producción ganadera de carne representa únicamente el 5,8% del total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero a nivel mundial; el 80% de las cuales se producen en países en vías de desarrollo.
 
Como prueba de que la industria cárnica española está firmemente comprometida en la defensa del bienestar animal, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE) -la mayoritaria en el sector- adoptó en 2019 el acuerdo de instalar cámaras de videovigilancia en mataderos, con objeto de supervisar el correcto cumplimiento de las condiciones de bienestar animal en los establecimientos de sacrificio.
Este acuerdo se tradujo en una solicitud formal, en octubre de 2019, a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), para el desarrollo de la legislación correspondiente.
 
Además, este sector cumple con toda la regulación relativa al bienestar animal y seguridad y calidad alimentaria elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el competente en la materia y que traspone las directivas que sobre estos aspectos se elaboran en la Unión Europea.
 
Frente a estos datos, Alberto Garzón, Ministro de Consumo del Reino de España no ha dudado en afirmar, en una entrevista concedida al periódico británico The Guardian, que España exportaba carne de mala calidad procedente de animales maltratados.
 
Unas declaraciones que como hemos podido ver, revisando los datos publicados por el propio gobierno, son rotundamente falsas y demuestran o la profunda ignorancia de este miembro del gabinete o su abismal sectarismo o ambas cosas a la vez. 
 
En todo caso, no es la primera vez que Alberto Garzón ataca a una de las industrias alimentarias más importantes de nuestro país y desprestigia a un sector que lleva años adaptándose a los nuevos estándares de sostenibilidad ambientes, bienestar animal y calidad alimentaria, que da trabajo a cientos de miles de españoles y es una herramienta fundamental para luchar contra la despoblación.
 
No es la primera vez ni es el único sector productivo español atacado por el Ministro de Consumo, ya son muchas las ocasiones y los sectores que han sido centro de las críticas y ataques por parte de un Ministro cuya misión es apoyarlos y si observa margen de mejora poner en marchas medidas, desde su departamento o conjuntamente con otros ministerios.
 
Por todo lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS:
 
PRIMERO.- Exigir al Presidente del Gobierno la rectificación inmediata de las declaraciones realizadas por el Ministro de Consumo y el cese de éste, por sus reiterados ataques a uno de los sectores productivos más pujantes de nuestro país, el cárnico, que lleva años mejorando sus procesos para garantizar la más alta calidad alimentaria y el bienestar animal.
 
SEGUNDO.- Exigir al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, competente en la materia, que, con los datos de que dispone, desmienta inmediatamente las afirmaciones de su compañero de gabinete y ponga en marcha una campaña nacional e internacional de defensa y apoyo al sector ganadero cárnico y las medidas necesarias para que dicho sector avance en sostenibilidad.
 
TERCERO.- Reconocer el gran trabajo realizado por los miles de ganaderos españoles, así como de los veterinarios e ingenieros agrónomos, para hacer que el sector ganadero cárnico se adaptase a las nuevas exigencias, regulatorias y sociales, en materia medio ambiental, de bienestar animal y calidad y seguridad alimentaria alcanzando los máximos estándares de calidad en dichas materias.
 
En Valladolid, a 17 de enero de 2022
 
 
Fdo.: Agapito Hernández Negro
PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR
 
 
Resultado de la votación
La proposición ha sido aprobada en el Pleno de Enero de 2022 con los votos a favor de PP, Cs y VOX, y los votos en contra de PSOE y TLP.

El Grupo Provincial Popular solicita en el Pleno de la Diputación recuperar la financiación, por parte del Estado y de la Comunidad Autónoma, a los Planes Provinciales de Cooperación

   La diputada Myriam Martín Frutos defiende la proposición en el Pleno 
 

Texto de la proposición

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 22 de octubre de 2021, la siguiente PROPOSICIÓN:

PARA RECUPERAR LA FINANCIACIÓN, POR PARTE DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, A LOS PLANES PROVINCIALES DE COOPERACIÓN

La Diputación Provincial de Valladolid, cumpliendo una de las competencias propias establecidas en la Ley de Bases de Régimen Local, convoca de forma periódica los Planes Provinciales de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración participan los municipios de la provincia a través de la convocatoria pública que establece los criterios de elaboración y distribución de fondos.

Desde el año 2012, estos Planes solo se han financiado con fondos propios de Diputación y aportaciones municipales.

La Diputación de Valladolid ha realizado un gran esfuerzo presupuestario para invertir más de 120 millones de euros en los Planes Provinciales en nuestros pueblos desde entonces, habiendo conseguido además reducir las aportaciones de los ayuntamientos, pero es necesaria “más sensibilidad hacia los habitantes del mundo rural” y mayores inversiones en los pueblos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Por todo lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO:

Instar al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León a cofinanciar los Planes Provinciales de Cooperación y a la inclusión de las partidas correspondientes en los Presupuestos Generales del Estado y de la Junta de Castilla y León del año 2022.

En Valladolid, a 19 de octubre de 2021

Fdo.: Agapito Hernández Negro

PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

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Resultado de la Votación: La proposición del grupo Popular defendida por la diputada Myriam Martín Frutos, ha sido aprobada en el Pleno Ordinario de 22  de octubre de 2021 por UNANIMIDAD de todos los grupos.

Proposición del PP para el Pleno de septiembre de 2021 en defensa de la recuperación de un servicio público sanitario en el medio rural, de calidad y presencial

Nuestro portavoz, Agapito Hernández, defiende la proposición
D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 23 de septiembre de 2021, la siguiente PROPOSICIÓN:
 
EN DEFENSA DE LA RECUPERACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO SANITARIO EN EL MEDIO RURAL, DE CALIDAD Y PRESENCIAL
 
La pandemia de la COVID-19 nos ha obligado a asumir importantes cambios en nuestras vidas y también en la forma de prestar los servicios básicos por parte de las administraciones competentes, haciendo que la mayor parte de los centros de salud y consultorios rurales hayan permanecido cerrados por criterios de seguridad sanitaria.
 
Estas decisiones organizativas que las autoridades sanitarias se han visto obligadas a tomar en los momentos más duros de la pandemia, han generado malestar entre nuestros convecinos, malestar que como suele ser frecuente, hacían llegar a los alcaldes, los cuales en muchas ocasiones a lo largo de estos dos últimos años, han trasladado dichas reivindicaciones a esta Institución, solicitando nuestra intermediación para conseguir que los consultorios de nuestros pueblos abrieran de nuevo sus puertas y se volviera a prestar una atención sanitaria presencial en los mismos.
 
Somos conscientes de que los recursos son limitados, pero uno de los pilares básicos de la vida en cualquier pueblo es poder acceder al personal sanitario periódicamente, teniendo en cuenta que la población está muy envejecida y que su pervivencia en el medio rural se asienta en que el servicio sanitario esté lo más cerca posible de sus domicilios. Por ello, en momentos de dificultad, lo primero es marcar prioridades y es evidente que la asistencia sanitaria debe de ocupar el primero o uno de los primeros puestos en ese ranking de prioridades.
 
Si de los planes contra la despoblación eliminamos la variable de los servicios sanitarios para trasladarlos a grandes municipios y capitales, los vecinos de nuestros pueblos se tendrán que trasladar en pos de obtener dichos servicios, lo que no abundará en beneficio de corregir el grave problema de la despoblación que padece nuestra tierra.
 
Somos igualmente conscientes de que el pilar básico de una buena atención sanitaria radica en la disponibilidad de recursos humanos y técnicos suficientes, y que en este campo se deben de dar pasos importantes. 
 
Por todo ello se somete a la consideración de este Pleno la adopción el siguientes ACUERDOS:
 
1º.- Instar a Junta de Castilla y León a la apertura de todos los centros de salud y consultorios rurales de la provincia de Valladolid, garantizando una atención presencial en todos nuestros municipios, y buscando el consenso en cualquier decisión organizativa sanitaria que se tome en el futuro.
 
2º.- Instar a la Junta de Castilla y León a que dote de los mejores medios técnicos y humanos para mantener la calidad de un servicio público esencial como es el sanitario.
 
3º.- Instar al Gobierno de España a tomar las medidas necesarias para facilitar que pueda atenderse de forma suficiente la demanda de profesionales de la sanidad, garantizando que se mantenga la cualificación y preparación de dicho colectivo.
 
4º.- Instar al Gobierno de España a aumentar el cupo del MIR en nuestra región, previendo la mayor demanda de facultativos que se producirá en los próximos años, debido a las jubilaciones de muchos profesionales.
 
En Valladolid, a 20 de septiembre de 2021
 
Fdo.: Agapito Hernández Negro
PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR
 
Resultado de la votación:
  • Los puntos 1 y 2, con modificación han sido aprobados por 24 votos a favor (PP, PSOE y VOX) y 1 abstención (Cs).
  • Los Puntos 3 y 4 han sido aprobados por 13 votos a favor (P) y 12 abstenciones (PSOE, Cs y VOX).

El Grupo Provincial Popular exige al Gobierno de España el acceso a Internet de al menos 100 Mbps y cobertura 5G de telefonía móvil para todos los municipios de la provincia de Valladolid

Valladolid, 21 de julio de 2021.- La proposición ha sido aprobada por 17 votos a favor (PP, Cs, TLP y VOX) y 10 votos en contra del PSOE.

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 21 de julio de 2021, la siguiente PROPOSICIÓN:

EXIGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA EL ACCESO A INTERNET DE AL MENOS 100 MBPS Y COBERTURA 5G DE TELEFONÍA MÓVIL PARA TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID

Internet ya no es sólo un fenómeno vinculado a la comunicación, sino que constituye la realidad más cotidiana, pues la sociedad actual vive conectada y utiliza internet en su puesto de trabajo, en su tiempo de ocio, para comunicarse, como herramienta de educación, como fuente de información y de relación para casi todo, por lo que la sociedad moderna no puede entenderse sin internet.

Gracias a Internet se pueden conocer las realidades del más recóndito lugar del Planeta, que nos conozcan a nosotros, trabajar sin salir de casa, pedir una cita médica o buscar un trabajo.

A pesar de que Internet es una herramienta fundamental para el desarrollo de la sociedad y para el futuro del mundo rural, nos encontramos con que numerosos municipios de la Provincia viven ajenos a esa realidad porque las operadoras no llegan a los núcleos de menor población con la banda ancha, motivo por el cual la Diputación Provincial de Valladolid, sin tener competencia en este ámbito, ha elaborado un Plan Director y ha dotado presupuestariamente una partida importante con el fin de, en estrecha colaboración con las Administraciones competentes, hacer realidad esta necesidad de nuestros pueblos.

La Agenda Digital Europea en el año 2.020 ya marcaba que el 100% de la población debería tener un acceso a Internet de al menos 30 Mbps.

Recientemente, en marzo de 2021 la Comisión Europea ha presentado  la Brújula Digital de la UE para 2030, basada en cuatro puntos cardinales: ciudadanía con capacidades digitales y profesionales del sector digital, infraestructuras digitales seguras, eficaces y sostenibles, transformación digital de las empresas y digitalización de los servicios, públicos, responde a la petición del Consejo Europeo de una hoja de ruta en este sentido y se basa en la estrategia digital de la UE antes mencionada.

Es necesario recordar que cuando el gobierno del PSOE licitó en 2011 el llamado “dividendo digital”, las frecuencias de la banda de 800 megahercios que usaba la TDT y que fueron adquiridas por las tres principales operadoras para ofrecer servicio 4G, se incluyó en el Decreto que regulaba la subasta, la obligación de garantizar una cobertura plural para quien adquiriese las frecuencias, de forma que estas tres operadoras asumieron el compromiso de ofrecer cobertura de banda ancha al medio rural, que evidentemente no se ha cumplido.

En julio del año pasado, el Sr. Sánchez presentó la estrategia España Digital 2025, y entre las 50 medidas anunciadas garantiza una conectividad digital adecuada para toda la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, con el objetivo de que el 100% de la población tenga cobertura de 100 Mbps en 2025, y que ese mismo año el 100% del espectro radioeléctrico esté preparado para el 5G.

Estamos en el año 2021, el PSOE lleva tres años en el Gobierno de España y esos compromisos siguen sin cumplirse, afectando ese incumplimiento fundamentalmente al medio rural, privándole de un elemento fundamental para garantizar el desarrollo de los pueblos y la fijación de población y actividad económica. 

Por todo ello se somete a la consideración de este pleno la adopción el siguientes ACUERDOS:

1º.- Instar al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que facilite información a la Diputación de Valladolid y a los Ayuntamientos de la provincia de Valladolid sobre el estado de implantación de la banda ancha, fibra óptica y cobertura móvil 4G y 5G en sus municipios de cara al cumplimiento de la Agenda Digital Europea. 

2º.- Exigir al Gobierno de España el cumplimiento de los plazos establecidos en las acciones a ejecutar y objetivos a lograr de la Agenda Digital Europea 2020 y su propia estrategia España Digital 2025.

En Valladolid, a 15 de Julio de 2021


Fdo.: Agapito Hernández Negro
PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

 

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Los grupos provinciales del PP y Ciudadanos exigen al Gobierno de España que no conceda el indulto a los líderes independentistas catalanes condenados por sedición y que respete las decisiones judiciales

Valladolid, 18-6-2021.- La proposición ha sido aprobada en el Pleno con 16 votos a favor de PP, Cs y VOX y 11 votos en contra de PSOE y TLP.

Nuestro portavoz, Agapito Hernández, defiende la proposición contra los indultos a los condenados por sedición
D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular y D.ª María Gema Gómez Olmos, Portavoz del Grupo Provincial Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presentan, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 18 de junio de 2021, la siguiente PROPOSICIÓN:
 
EXIGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE NO CONCEDA EL INDULTO A LOS LÍDERES INDEPENDENTISTAS CATALANES CONDENADOS POR SEDICIÓN Y QUE RESPETE LAS DECISIONES JUDICIALES
 
 
El denominado “Juicio del Procés”, en el que se juzgaba las actuaciones de diversos políticos y cargos en el otoño de 2017 relativas al procedimiento de independencia impulsado en Cataluña, concluyó con la condena a antiguos cargos del Ejecutivo catalán y del Parlamento autonómico por delitos de sedición, unido en algunos casos a un delito de malversación. El alto tribunal consideró probado que dichos condenados habían cometido delitos de sedición y/o malversación de caudales públicos o desobediencia.
 
En el momento de conocerse la sentencia condenatoria, la reacción por parte del Gobierno de España a través del, por aquel entonces, presidente del Gobierno en funciones, fue pedir “respeto” para esta resolución judicial, destacando la labor “independiente del Tribunal Supremo y su autonomía, transparencia, garantías y profesionalidad, así como el cumplimiento íntegro del contenido de la misma, instando al Gobierno catalán a no apartarse de la Ley y la Constitución”. Se destacó igualmente el correcto funcionamiento del Poder Judicial, así como la necesidad de acatar la resolución, y se insistió en que “no procede en absoluto hablar de indultos”.
 
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró en octubre de 2019 que velaría por el “cumplimiento íntegro de las penas” de los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo por el delito de sedición.
 
Pero tanto Sánchez como su Gobierno seguían necesitando los votos de los partidos independentistas catalanes para mantenerse en el poder. Esa necesidad fue el detonante de que el Gobierno propusiese realizar una modificación del delito de sedición, incluida dentro una reforma más amplía del Código Penal, que supondría una rebaja de las penas a los condenados por el 1-O.
 
Una reforma que como explicó en septiembre de 2020 el actual ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, era necesario abordar porque “es importante que el Gobierno demuestre que quiere ir resolviendo temas concretos” (dicho en referencia a la situación de los presos por el 1-O).
 
Y ahora, en 2021, el presidente Sánchez y su Gobierno no esconden su voluntad de indultar a unos condenados que no solo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento, sino que han dejado claro (tanto en el juicio, al ejercer su derecho a la última palabra, como en declaraciones posteriores) que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos.
 
Causa sonrojo escuchar, recientemente, al ministro de Justicia manifestar la necesidad de “que se vea con naturalidad la decisión del Gobierno sobre los indultos a los condenados por el Procés”.
 
Cabe destacar que el Tribunal Supremo deja en evidencia la verdadera intención del Gobierno al defender el indulto, que no es otra que su mera supervivencia política, al recordar que “algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamando al ejercicio del derecho de gracia”.
 
Por todo ello, resulta evidente que la debilidad política y parlamentaria de los partidos que conforman el Gobierno de España, y su dependencia de los partidos independentistas, son la causa que determina esta maniobra que supone un menosprecio completo a las instituciones, a las leyes y a la Constitución Española, permitiendo que condenas de cárcel por delitos graves cometidos contra la Constitución y la unidad de España se indulten por criterios e intereses políticos del Partido Socialista.
Esto implica un peligro objetivo contra el orden constitucional de nuestro país y una amenaza intolerable para los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Y muy especialmente para los de Cataluña, que ya sufrieron los desmanes arbitrarios e iliberales del Govern en 2017, y ahora ven que los culpables pueden eludir su condena sin ni siquiera un atisbo de arrepentimiento.
 
Su reiterado “lo volveremos a hacer” y el plan de Govern aprobado por los partidos que dirigen los condenados por el Tribunal Supremo en el que se prevé explícitamente forzar al Estado de Derecho a capitular ante el desafío separatista, son un claro indicio de esa estrategia de reincidencia delictiva de la que ha venido advirtiendo el Tribunal Supremo. Todo ello, conlleva la inviabilidad democrática de indulto o beneficio alguno.
 
El alto tribunal, en un demoledor y clarísimo informe aprobado por unanimidad de sus miembros, explica que lo que pretenden el presidente Sánchez y su Gobierno es retorcer la naturaleza del indulto y cuestionar “los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional”.
 
Es decir, el Gobierno está poniendo en duda, al igual que los hacen los líderes independentistas, el funcionamiento de la justicia española, con lo que ello significa de ataque a una institución que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS:
 
  1. La Diputación de Valladolid insta al Gobierno de España a defender y garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley y no conceder indultos a los políticos del “Procés” condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación de fondos públicos, que no han dado muestras de arrepentimiento y además han manifestado su intención de volver a llevar a cabo actuaciones contrarias a la legalidad, por cuyos delitos fueron juzgados y condenados el pasado octubre de 2019.
  2. La Diputación de Valladolid expresa su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y a la Unidad de la Nación. Igualmente, explicita su completo apoyo al ordenamiento jurídico español y al sistema judicial, con especial énfasis en el Tribunal Supremo.
  3. La Diputación de Valladolid dará traslado de los acuerdos alcanzados al presidente del Gobierno, al ministro de Justicia y a los portavoces de los Grupos Políticos del Congreso y del Senado.
 
En Valladolid, a 15 de junio de 2021
 
Fdo.: Agapito Hernández Negro
PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR
Fdo.: María Gema Gómez Olmos
PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL CIUDADANOS

 

 

El grupo provincial Popular exige al gobierno de España el ingreso de los 750 millones de euros que adeuda a las entidades locales en concepto de entregas a cuenta del IVA de 2017

Valladolid, 21-5-2021.- La Proposión ha sido aprobada por unanimidad en el Pleno.

El portavoz Popular, Agapito Hernández, defiende nuestra proposición.

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 21 de mayo de 2021, la siguiente PROPOSICIÓN:

EXIGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA EL INGRESO DE LOS 750 MILLONES DE EUROS QUE ADEUDA A LAS ENTIDADES LOCALES EN CONCEPTO DE ENTREGAS A CUENTA DEL IVA DEL AÑO 2017

Las entidades locales (EELL) de toda España han reclamado desde el año 2019 al gobierno de Sánchez, y en concreto a la Ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, M.ª Jesús Montero, que les ingrese el dinero que el Estado les adeuda en concepto de entregas a cuenta de la recaudación del IVA del año 2017. Dinero que también adeuda a las comunidades autónomas (CCAA).

En agosto de 2019, el Gobierno de España afirmó que un gobierno en funciones no podía actualizar el sistema de financiación autonómica ni local. Para justificar esta posición esgrimió un inexistente informe de la Abogacía del Estado que más adelante rebajó al nivel de consultas verbales.

Posteriormente, en octubre de 2019, anunció que si procedería a actualizar los pagos de las entregas a cuenta de CCAA y EELL, tras haber desaparecido de manera misteriosa, y electoralista, los supuestos impedimentos legales que esgrimía meses antes.

A pesar de este anuncio, en el año 2020, la ministra Montero llego a afirmar (Rueda de Prensa posterior al Consejo de Ministro de 28 de enero de 2020) que no devolvería los 2.500 millones del IVA de 2017 a las CCAA y dijo que esa cantidad “no existía”. Negativa que extendió a las EELL en la sesión de la Comisión Nacional de Administración Local celebrada el día 10 de febrero de 2020.

Un año después, el Tribunal Supremo, ha avalado que Sánchez y Montero discriminaron a las CCAA y las EELL al decidir, conscientemente, no atender sus obligaciones legales y no pagarles el IVA que les adeuda del ejercicio 2017.

Así, la sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal ha estimado los recursos planteados en 2020 por las Comunidades Autónomas de Castilla y León y de Galicia, y así la sentencia N.º 528/2021, de 19 de abril, establece los siguientes hechos como cosa probada:

  1. Se vulneró el derecho a la autonomía financiera de CCAA -por tanto, también la de las EELL- que consagra la Constitución Española (artículos 140, 142 y 156).
  2. El Gobierno de España no aplicó el principio de lealtad institucional en la actuación de las administraciones públicas (artículo 3.1.e/ de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) que en relación con el artículo 103 de la Constitución habría exigido que atendiese la reclamación de Castilla y León.
  3. El Estado llevo a cabo durante 2019, ante la reclamación de Castilla y León, iniciativas que indicaban que procedía la compensación.

Por lo expuesto, ante la rotundidad de la sentencia de la Sala III del Tribunal Supremo y ante este comportamiento absolutamente contrario a la ley y desleal con las entidades locales, que desde hace años han contribuido de manera esencial a reducir el déficit de nuestro país, del Gobierno de España, el Grupo Provincial Popular en el Diputación de Valladolid, somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Exigir al Gobierno de España que cumpla la ley y haga efectivo el pago de los 750 millones € en que se cuantifica el perjuicio causado a las EELL por el desplazamiento de ingresos de IVA del mes de diciembre de 2017 y su incidencia en la liquidación anual de la Participación de las EELL en los Tributos del Estado (PIE). Este pago no constituye ninguna dádiva o favor hacia las EELL sino el pago de una deuda que el gobierno mantiene desde hace dos años con todos los vecinos de los municipios y provincias.

SEGUNDO.- Exigir al Gobierno de España que deje de discriminar a las EELL y ponga en marcha el fondo para la reconstrucción local de 3.000 millones que prometió la Sra. Ministra de Hacienda.

En Valladolid, a 18 de mayo de 2021

Fdo.: Agapito Hernández Negro

PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

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El Grupo Provincial Popular apoya con una proposición en el pleno de 22 de abril de 2021 el modelo alternativo e integral presentado por la Junta de Castilla y León para la aplicación de prácticas agroambientales de la nueva PAC, más acorde con la agricultura y la ganadería de España

Valladolid, 22 de abril de 2021.- La proposición ha sido aprobada por 16 votos a favor (PP, Cs y VOX), 1 en contra (TLP) y 10 abstenciones (PSOE).

Nuestro Portavoz, Agapito Hernández Negro, defendiendo la proposición.

 

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 22 de abril de 2021, la siguiente PROPOSICIÓN:

APOYO AL MODELO ALTERNATIVO E INTEGRAL PRESENTADO POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, PARA LA APLICACIÓN DE PRÁCTICAS AGROAMBIENTALES DE LA NUEVA PAC, MÁS ACORDE CON LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA DE ESPAÑA

El pasado junio de 2018, la Diputación de Valladolid mostró de forma unánime, a propuesta del Grupo Popular, la adhesión al documento de posición común elaborado por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León ante la nueva PAC 2020 firmado por todos los grupos políticos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y las tres organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas, a la vez que trasladamos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la solicitud de firmeza en las próximas negociaciones, para conseguir una nueva PAC bien dotada financieramente, considerando como inaceptable cualquier reducción del presupuesto actual, y rechazando cualquier posibilidad de renacionalización.

La nueva Política Agrícola Común, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2023, mantiene un primer pilar financiado exclusivamente con fondos europeos, concretamente el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria. Esta nueva política contará con algo menos de 5.000 millones de euros al año para este primer pilar, donde se enmarcan las ayudas directas desacopladas y acopladas (pago básico, greening, ayudas asociadas...) que actualmente se conocen.

La nueva política llevará consigo mayor ambición medioambiental. En consecuencia, para la percepción de las ayudas directas será necesario cumplir con una serie de normas, buena parte de ellas de enfoque medioambiental, encuadradas en la denominada ‘condicionalidad’. La mayor ambición medioambiental va a pasar por aplicar en un primer nivel una ‘condicionalidad reforzada’ que deberán cumplir, obligatoriamente, todos los agricultores y ganaderos.

Pero, además, en el modelo de ayudas directas desacopladas se incorpora una nueva intervención denominada ‘ecoesquemas’. Estas nuevas ayudas se concederán a aquellos agricultores que lleven a cabo prácticas agroambientales que superen las exigencias de la condicionalidad reforzada y serán prácticas que no lleven consigo compromisos de más de un año, es decir, se pueden aplicar un año y percibir estas ayudas, y al año siguiente no realizarlas y, consecuentemente, no se pagarán dichas ayudas.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha presentado un modelo en el que se incluye una lista de nueve ecoesquemas, encasillados en diferentes modelos de agricultura. Cada uno de ellos tiene requisitos a cumplir y se retribuyen prácticamente todos con un pago dirigido a compensar costes idénticos en toda España, es decir, al final con un pago por hectárea único.

El modelo contempla compatibilidades e incompatibilidades entre los distintos ecoesquemas y cada cual tendrá una asignación de fondos específica.

En definitiva, un modelo encasillado complejo tanto para el agricultor como para la Administración que tendrá que comprobar anualmente el cumplimiento de los requisitos y centrado en una ayuda fija por hectárea para todos los beneficiarios.

La Junta de Castilla y León ha estado trabajando con las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, Alianza UPA-COAG y UCCL) y con Urcacyl en el diseño de un modelo alternativo, más sencillo, adaptado a las distintas realidades productivas españolas, más atractivo para el agricultor y que asegure que no se pierdan fondos europeos en España, que responde a los siguientes principios: Universal, atractivo, incentivador, más simple y permite que se puedan desarrollar prácticas agroambientales en el segundo pilar de la PAC.

Se considera necesario modificar el enfoque y el modelo propuesto por el Estado, para dirigirlo a un modelo de diseño único a través de un conjunto de prácticas en la explotación. Se trata, en definitiva, de conseguir un único ecoesquema 'integral' de la explotación con el que se pueda conseguir:

  • Un importe incentivador al acogerse al ecoesquema.
  • Una lista de prácticas de carácter ambiental a elegir.
  • Un conjunto de pagos adicionales por las prácticas elegidas que se determinarán como un porcentaje de la ayuda básica de la región productiva en la que se encuentre la superficie.
  • Limitación del pago por ecoesquema a un porcentaje máximo de la ayuda básica. Desde la Consejería se propone el 50%, que se ajustaría proporcionalmente al importe total de la asignación para ecoesquema del primer pilar.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:

  1. La Diputación de Valladolid muestra su apoyo al modelo alternativo para la aplicación de prácticas agroambientales de la nueva PAC, elaborado por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.
  2. Instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España a que tenga en cuenta las OPAS en el proceso de convergencia con el programa de la PAC 2023-2027.
  3. Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España.

En Valladolid, a 19 de abril de 2021

Fdo.: Agapito Hernández Negro

PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

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El Grupo Provincial Popular presenta en el Pleno una Proposición para instar al Gobierno a reconocer la capacidad de gestión de las entidades locales y a aumentar el porcentaje de los Fondos Europeos de Recuperación asignados, garantizando una gestión transparente, justa y eficiente

19-03-2021.- La proposición ha sido aprobada con los votos a favor de PP y Cs, la abstención de VOX y los votos en contra de PSOE y TLP.

Defiende la proposición, nuestro Portavoz, Agapito Hernández Negro

TEXTO DE LA PROPOSICIÓN

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el Orden del Día del Pleno Corporativo a celebrar el próximo día 19 de marzo, la siguiente PROPOSICIÓN:

INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A RECONOCER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES Y A AUMENTAR EL PORCENTAJE DE LOS FONDOS EUROPEOS DE RECUPERACIÓN ASIGNADO A LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES Y ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS MODIFICANDO EL REAL DECRETO LEY 36/2020 DE 30 DE DICIEMBRE, GARANTIZANDO UNA GESTIÓN TRASPARENTE, JUSTA Y EFICIENTE DE LOS FONDOS EUROPEOS DE RECUPERACIÓN

Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares constituyen las administraciones más accesibles a los ciudadanos que les demandan servicios públicos de calidad y les reclaman soluciones a sus necesidades y problemas.

Las entidades locales siempre han respondido de manera eficaz a esas exigencias de los vecinos excediéndose, en muchas ocasiones, de las competencias propias que tienen asignadas y, además, han jugado un papel fundamental en la prestación de los servicios públicos básicos a los ciudadanos que habitan los pueblos y ciudades de España.

Un papel decisivo y fundamental que las entidades locales españolas han vuelto a ejercer desde el inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, poniendo en marcha iniciativas para contener la expansión de la pandemia, proteger a su población del virus, apoyar a los ciudadanos más vulnerables, siendo pioneras en implantar programas y ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia.

Mientras esto sucedía, el Gobierno de España no solo no ha destinado un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo, sino que ha demostrado una absoluta falta de respeto a la autonomía de las entidades locales y al marco jurídico que las regula, así como una grave deslealtad a los gobiernos locales y a todos los vecinos a los que representan.

Primero, el Gobierno de España intentó apropiarse a través del Real Decreto Ley 27/2020 de los ahorros acumulados durante los últimos años por las entidades locales en una muestra de responsabilidad y buena gestión de los recursos públicos de todos los vecinos. Una confiscación que, gracias a la movilización del Partido Popular y a la denominada "rebelión de los alcaldes", de todo signo político, se logró evitar.

Segundo, el Gobierno de España despreció a las entidades locales en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 puesto que:

 

  1. No incluyó en los mismos el fondo para la reconstrucción local prometido por la Ministra de Hacienda, la Sra. Montero, en reiteradas ocasiones durante el pasado año.
  2. Las transferencias a entidades locales se incrementan menos del 2% frente al 6,4% de incremento global de los PGE.
  3. Las CCAA gestionarán el 54,2% (18.793 millones de €) del total de fondos de recuperación europeos mientras que a las entidades locales no se les va a dejar gestionar ni siquiera el 4,2% (1.483 millones de €) de dichos fondos, que tienen adjudicados.

 

Si hacemos el cálculo sobre el total de fondos europeos a percibir por España, 140.000 millones de €, el porcentaje se reduce al 1%, lo que confirma fehacientemente que el Gobierno de Sánchez e Iglesias es el más anti municipalista de la democracia.

Por último, hay que señalar que el Gobierno de España ha aprobado, el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que concentra en el propio gobierno la mayor parte del poder en el reparto de los fondos de recuperación que la Unión Europea ha asignado a España. Un decreto que se caracteriza por la arbitrariedad, falta de transparencia y concentración de las decisiones en un gobierno que ya ha demostrado su sectarismo y su falta de lealtad con las entidades locales y, en definitiva, su desprecio a la autonomía local.

Ante esta realidad, el Partido Popular ha exigido en diversas ocasiones:

 

  1. La creación del Fondo de reconstrucción para las entidades locales. Un compromiso asumido por diversos ministros del gobierno en diferentes ocasiones que no han cumplido.
  2. Un decreto de gestión de los fondos europeos que garantizase una participación real y transparente de las entidades locales en los mismos.
  3. Que los Ayuntamiento, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares gestionasen un porcentaje de los Fondos Europeos equivalente a lo que supone el gasto local dentro de todo el gasto público total.

 

Por lo expuesto, el Grupo Popular de la Diputación de Valladolid somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:

 

  1. La Diputación Provincial de Valladolid condena la postura del grupo socialista en el Senado que el pasado 18 de febrero ponía en duda la capacidad de los gobiernos locales y, por ende, de sus técnicos para gestionar los fondos europeos.
  2. La Diputación Provincial de Valladolid rechaza la propuesta del Gobierno de España para que las EELL participen en los fondos de reconstrucción europeos tan solo en 1.483 millones de €, lo que representa únicamente el 1% del total de los fondos que llegarán a España para la lucha contra los efectos del COVID19.
  3. La Diputación Provincial de Valladolid insta al Gobierno de España a:
    1. Condenar formalmente la postura del grupo socialista en el Senado y a reconocer de manera expresa la capacidad de las entidades locales para gestionar correctamente los fondos europeos ya que, en los últimos años, ha sido la única administración pública española que no solo han garantizado los servicios públicos a sus ciudadanos, sino que han generado ahorros para mantenerlos en el futuro y no hipotecar a las próximas generaciones de españoles.
    2. Acordar que las entidades locales puedan participar de forma directa de los fondos europeos para la reconstrucción en al menos, un 14,6% (20.000 millones de €) que equivale al porcentaje de gasto público que representan las entidades locales dentro del gasto público de la Nación.
    3. Fijar el reparto entre las Entidades Locales de los Fondos del Mecanismo de Reconstrucción, Recuperación y Resiliencia, de acuerdo con las prioridades que establezca, por consenso, la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de protección social, fomento del empleo, cultura y deporte, medioambiente y bienestar comunitario, urbanismo y vivienda, seguridad y movilidad ciudadana, sanidad y educación, y otras cuestiones de impacto local.
    4. Crear de manera urgente el Fondo de Reconstrucción Local por valor de 3.000 millones € que la Ministra de Hacienda prometió en repetidas ocasiones durante el año 2020 y que todavía no se ha desarrollado.
    5. Adoptar las medidas necesarias de cara a modificar el Real Decreto Ley 36/2020 de 30 de diciembre, con el fin de garantizar una gestión transparente, justa y eficiente de los fondos europeos de recuperación.
  4. La Diputación Provincial de Valladolid de traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a los Portavoces de los Grupos Políticos del Congreso, Senado y de las Cortes de Castilla y León, así como a la Junta de Gobierno de la FEMP.

 

En Valladolid, a 16 de marzo de 2021

Fdo.: Agapito Hernández Negro

PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

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El Grupo Provincial Popular de la Diputación de Valladolid presentará una Proposición en el próximo pleno en apoyo a los ganaderos y agricultores de la provincia y solicitando mantener el actual estatus legal de las poblaciones de lobo al norte del río Duero

Valladolid, 19-2-2021.- La proposición ha sido aprobada con los votos a favor de PP, Cs y VOX, la abstención del PSOE, y el voto en contra de TLP.

La proposición ha sido defendida por el portavoz Popular, Agapito Hernández

 

TEXTO DE LA PROPOSICIÓN

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el Orden del Día del Pleno Corporativo a celebrar el próximo día 19 de febrero, la siguiente PROPOSICIÓN:

INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A QUE MANTENGA EL ACTUAL ESTATUS LEGAL DE LAS POBLACIONES DE LOBO AL NORTE DEL RÍO DUERO


Castilla y León alberga una rica biodiversidad bien conservada siendo la comunidad autónoma que, con notable diferencia, más lobos atesora y donde más se ha recuperado la especie en los últimos decenios. Según los datos del último Censo Nacional, el 60,2% de los lobos existentes en España se encuentran en nuestra comunidad autónoma. Además, gracias a la gestión realizada estas poblaciones han podido recolonizar en los últimos años territorios de otras comunidades autónomas (Madrid, Castilla La Mancha, La Rioja) donde la especie se había extinguido.

Sin embargo, no se puede ignorar que el lobo es un superdepredador que interacciona notablemente con la ganadería extensiva, y la citada recuperación de la especie ha conllevado el incremento exponencial de los daños sobre el ganado de forma preocupante, especialmente en los territorios situados al del sur del Duero donde el lobo se encuentra estrictamente protegido.

Por el contrario, en el norte, donde su actual régimen legal permite la adopción de medidas de gestión como la caza sostenible, la situación es muy diferente, siendo los daños mucho menores y sin haberse incrementado en los últimos diez años. Y todo ello habiendo asegurado la adecuada conservación de la especie. 

Así, las manadas situadas al sur del Duero, que son el 15% del total, producen el 83% de los ataques, mientras que el 85% de las manadas, las del norte, únicamente causan el 17%.

La ganadería extensiva es una de las principales actividades económicas, cuando no la principal, en muchas de nuestras zonas de montaña, permitiendo luchar contra la despoblación, conservando hábitats de gran valor ecológico, y controlando el combustible más ligero, el herbáceo y arbustivo lo que permite prevenir grandes incendios con gravísimas consecuencias.

Por tanto, es imprescindible lograr un equilibrio entre la conservación de lobo y la conservación de la ganadería extensiva. Este equilibrio está más próximo en las poblaciones del norte de la comunidad, con una mayor flexibilidad en su gestión, donde la especie es cinegética.

Sin embargo, en fechas recientes el Gobierno de España y a pesar de la postura contraria de las comunidades autónomas directamente afectadas (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, que poseen más del 95% de la población española de lobos), en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad se prohibió la caza del lobo en una votación que dejó mucho que desear.

De continuar la tramitación de este acuerdo, con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se prohibiría cualquier actuación hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos o perseguirlos. El régimen de excepciones establecido en la misma Ley para no aplicar esa prohibición genérica haría imposible el control de ejemplares de lobo con la suficiente eficiencia como para asegurar la compatibilidad entre la especie y la ganadería extensiva, y dejaría sin efectos de la consideración de especie cinegética del lobo en nuestra comunidad autónoma.

No hay que olvidar que el actual estatus legal de la especie es absolutamente respetuoso con la normativa europea, la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (conocida como Directiva Hábitats), por lo que no existe ninguna razón jurídica para llevar a cabo la modificación que se propone. Es más, la propia Comisión Europea, siendo consciente de la creciente problemática de la interacción del lobo con la ganadería extensiva en cada vez más países de la Unión Europea, ha elaborado el denominado “Plan de Acción para la Naturaleza, las Personas y la Economía” para flexibilizar la aplicación de dicha directiva.  

Por otro lado, la actual estrategia nacional de conservación y gestión del lobo propone justo lo contrario, es decir, que las poblaciones del sur del Duero tengan el mismo régimen que las del norte del río Duero. 

La postura expresada en esta iniciativa y sus argumentos son plenamente compartidos por los Gobiernos de Castilla y León, Principado de Asturias, Cantabria y Galicia, ya que todo ello supondría un retroceso en los avances que se vienen realizando para la convivencia del lobo y la actividad humana, un factor fundamental para el manejo del lobo, y que no está motivado, como reconoce el propio Comité Científico del Comité de Flora y Fauna Silvestres, por el estado de conservación de la especie que es claramente favorable.

Por todo ello, considerando que resulta necesario mantener el régimen jurídico actual que se ha demostrado plenamente eficaz para compatibilizar la conservación del lobo con el mantenimiento de una actividad tan esencial para Castilla y León como la ganadería extensiva, se somete a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente acuerdo:

Instar  al Gobierno de España a que mantenga el actual estatus legal de las poblaciones de lobo al norte del río Duero, renunciando a tramitar cualquier cambio o modificación normativa que pretenda incluir dichas poblaciones en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, habida cuenta que los datos existentes sobre dinámica de poblaciones, área de distribución y hábitat disponible, no avalan dichas propuestas, en la convicción, además, de que el status actual al norte del Duero conjuga de forma sostenible los intereses de la especie con los del mundo rural y la ganadería.

En Valladolid, a 16 de febrero de 2021

Fdo.: Agapito Hernández Negro

PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

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EL GRUPO PROVINCIAL POPULAR SOLICITA AL GOBIERNO DE ESPAÑA UNA NUEVA PARTIDA EN LOS PGE 2021 CON FONDOS PARA LAS ENTIDADES LOCALES CON CON UNA PROPOSICIÓN EN EL PLENO DE 22 DE ENERO DE 2021

La proposición ha sido aprobada por 16 votos a favor (PP, Cs y VOX) y 11 abstenciones (PSOE y VTLP).

 

La proposición ha sido defendida por el portavoz del Grupo Provincial Popular, Agapito Hernández Negro

TEXTO DE LA PROPOSICIÓN

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el Orden del Día del Pleno Corporativo a celebrar el próximo día 22 de enero, la siguiente PROPOSICIÓN:

SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE HABILITE UNA NUEVA PARTIDA EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2021 CON FONDOS DESTINADOS A LAS ENTIDADES LOCALES

Durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 en las Cortes Generales, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, ha sido la única fuerza política de ámbito nacional que ha presentado enmiendas para intentar que las Entidades Locales de toda España pudieran disponer en el próximo ejercicio 2021 de nuevos fondos extraordinarios, que permitiera a los gobiernos locales, en su ámbito de actuación, ejercer su capacidad de desarrollar políticas y fijar prioridades para satisfacer las demandas y necesidades de los ciudadanos.

En este sentido el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado dos enmiendas de adición, la primera para activar un Fondo de Reconstrucción Social para los entes locales, con el objetivo de incentivar la recuperación económica y social por importe de 4.000 millones de euros, que permita a la entidades locales, en la gestión de sus respectivos intereses, financiar actuaciones relacionadas con la elaboración o puesta en marcha de los planes o estrategias de acción locales para el impulso de la reactivación económica.

La segunda enmienda para permitir a las entidades locales participar en los Fondos Europeos, de tal forma que se transfiera a estas en el periodo 2021-2023, la parte proporcional de los Fondos Europeos que le corresponde por su peso relativo respecto al resto de las administraciones públicas, y que en ningún caso fuera inferior al 14,6% para la media de ese periodo.

Además, el Gobierno de España se comprometió a crear un fondo por importe de
3.000 millones de euros que se iba a plasmar en un Decreto del que nada se ha vuelto a saber, que estaba destinado a aquellos ayuntamientos que no tienen ahorros para afrontar gastos originados por la Covid-19.

Distintas Comunidades Autónomas (Castilla y León, Madrid, Andalucía, Valencia y Baleares) han habilitado líneas específicas destinadas a sus entidades locales para hacer frente a los efectos derivados de la pandemia. La Comunidad Autónoma de Castilla y León ha puesto a disposición de las entidades locales, de manera directa, fondos por importe de 72,7 millones de euros.

Estas medidas aprobadas y ejecutadas por la Junta de Castilla y León precisan con urgencia ser acompañadas por medidas similares de la Administración del Estado en base a los principios de cooperación y colaboración entre las Administraciones públicas. En atención a las aportaciones realizadas por el Estado en anteriores instrumentos de cooperación entre las distintas administraciones públicas que afectaban los intereses de las Entidades Locales, (por ejemplo, las aportaciones al Plan de Convergencia), se considera necesario que la Administración del Estado realice al menos el mismo esfuerzo que el que está realizando la Administración Autonómica, implementando nuevos fondos con destino a las entidades locales de Castilla y León.

Estos nuevos fondos del Estado conseguirían un importante efecto multiplicador de los objetivos marcados por las actuaciones autonómicas, y que es común en las actuaciones que necesitan implementarse por las administraciones que no es otro que la recuperación económica y social, en definitiva, la reactivación de la economía y el empleo.

Este efecto multiplicador será más efectivo si la distribución de estos nuevos fondos del Estado contemplara los mismos criterios objetivos de distribución territorial y asignara en cada una de las nueve provincias de la Comunidad de Castilla y León, las mismas cuantías que ha concedido la Junta de Castilla y León a las entidades locales de cada una de ellas.

Por todo lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:

  1. Instar al Gobierno de España a que habilite una partida en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 con nuevos fondos destinados a las entidades locales que permita a los gobiernos locales, en su ámbito de actuación, ejercer su capacidad de desarrollar políticas y fijar prioridades para satisfacer las demandas y necesidades de los ciudadanos.
  2. Solicitar al Gobierno de España que la incorporación de estos nuevos fondos con destino a las entidades locales de Castilla y León sea, al menos, la misma que la destinada por la Comunidad Autónoma y con los mismos criterios objetivos de distribución territorial, lo que permitirá financiar actuaciones relacionadas con la elaboración y puesta en marcha de los planes o estrategias de acción locales para el impulso de la reactivación económica.

En Valladolid, a 19 de enero de 2021

Fdo.: Agapito HERNÁNDEZ NEGRO

Portavoz del Grupo Provincial Popular

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EL GRUPO PROVINCIAL POPULAR PRESENTA EN EL PLENO DE 30 DE DICIEMBRE DE 2020 UNA PROPOSICIÓN PARA LA DEFENSA DEL SECTOR REMOLACHERO-AZUCARERO

Valladolid, 30-12-2020.- La proposición ha sido aprobada con los votos a favor de los grupos PP, PSOE, Cs y Vox, y el voto en contra de TLP.

Fernando Esteban Velasco Diputado PP

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el Orden del Día del Pleno Corporativo a celebrar el próximo día 30 de diciembre de 2020, la siguiente PROPOSICIÓN:

PARA LA DEFENSA DEL SECTOR REMOLACHERO-AZUCARERO

Recientemente, el Gobierno de la Nación ha comunicado a la Comisión Europea su intención de aumentar el IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%, con el presunto objetivo de favorecer hábitos más saludables. 

El Gobierno de la Nación propone añadir este tributo al sistema fiscal para su aplicación en el conjunto de España. Una inclusión que es además completada con una perniciosa e incriminatoria campaña desde el Ministerio de Consumo en la que, se comparan los efectos del azúcar con los del tabaco para desalentar su consumo. 

La aplicación de esta propuesta fiscal y de tan nefasta campaña criminalizadora del azúcar causará un gravísimo impacto en sectores de actividad seriamente afectados por la actual crisis económica derivada de la gestión de la pandemia de coronavirus, (industria alimentaria de bebidas y zumos, hostelería, restauración, etc.), y por supuesto en el sector remolachero-azucarero (sector productor de remolacha y sector industrial de extracción del azúcar) en el empleo y en el mundo rural de Castilla y León. 

Respecto del sector remolachero-azucarero, conviene volver a recordar que el sector productor de azúcar en España lleva padeciendo una profunda reestructuración desde 2005, que ha provocado la reducción del 50 % de la cuota de producción de azúcar, situándose actualmente en algo menos de 500.000 Tm, de las cuales el 85 % se molturan en Castilla y León. Es un sector del que dependen 4.000 agricultores, que cultivan unas 30.000 hectáreas en España. Prácticamente el 70 % del cultivo se localiza en Castilla y León. Asimismo, existen cinco plantas transformadoras de azúcar en España, 4 de ellas en Castilla y León, que dan trabajo directo a 1.200 personas e indirecto a unas 1.500 más. 

En definitiva, unas 6.000 personas dependen del sector azucarero en España. El 70 % en Castilla y León. Siendo un sector económico, el remolachero azucarero, que genera un impacto económico y social muy importante. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en 2017 finalizó el proceso de reestructuración azucarera con la eliminación de las cuotas de producción. Esta nueva etapa se abre como una buena oportunidad para que el sector se refuerce en España, gane mercado interno y posibilite su crecimiento y gane competitividad. Si se añade un elemento contrario a este planteamiento, en el sentido de reducir el consumo, el sector perderá su oportunidad teniendo que reducir aún más su producción, lo que llevará consigo pérdida de puestos de trabajo y abandono de la producción remolachera por agricultores.

Las reacciones a esta actuación del Gobierno de España no se han hecho esperar. La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla se ha mostrado muy crítico con la propuesta fiscal (“injusta, discriminatoria y creada con un afán recaudatorio”) y con la campaña publicitaria iniciada y ha solicitado su retirada por considerarlas un despropósito.  

También la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), La Confederación Empresarial de la Hostelería de España y la Asociación de Bebidas Refrescantes, (ANFABRA), se pronuncian en sentido similar y consideran que sería un nuevo golpe para un sector ya muy perjudicado por la crisis. Incluso la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT en Castilla y León ha pedido al ministro de Consumo que no criminalice al sector del azúcar.

Además, hay que recordar que, según afirma ANFABRA, “los refrescos sólo aportan el 2,1% del total de las calorías diarias que ingieren los españoles y, por ello, no se entiende que se quiera castigar el tomar estos alimentos cuando pueden formar parte de una dieta equilibrada”. 

A mayores, a través de un manifiesto el 4 de noviembre se ha repasado la situación actual del sector remolachero-azucarero, defendiendo la importancia del mismo en nuestra comunidad y pronunciándose en contra de las medidas impulsadas por el Gobierno de España. Este pronunciamiento contó con el apoyo de 23 entidades de nuestra región, encabezadas por la Junta de Castilla y León, alcaldes de los principales ayuntamientos de las zonas remolacheras, sindicatos agrarios, asociaciones empresariales y profesionales del sector. 

Incluso, las Cortes de Castilla y León, también el pasado 4 de noviembre, han aprobado una Proposición no de Ley, sin ningún voto en contra, en defensa del sector remolachero-azucarero, pidiendo al Gobierno de España que no se suba el IVA, y que se retire la campaña contra el consumo del azúcar.

Por tanto, como ya hemos venido reiteradamente manifestando los problemas de salud relacionados con consumos abusivos deben tratarse, lejos de criminalizar a los productos, con buenas campañas de información y educación de la población respecto de hábitos responsables de consumo.

Educar es preferible a gravar con impuestos o prohibir. Si la causa subyacente de un consumo abusivo es un problema de falta de información o de concienciación, el impuesto podrá restringir el consumo y afectar al sector productor, pero no creará, de facto, consumidores más educados: simplemente, desplazará sus consumos a otros sectores o productos. Y no parece ni eficaz ni una buena práctica entrar en una espiral de poner impuestos a todo producto que pueda llegar a ser considerado “malo” por razones más relacionadas con los hábitos del sujeto que lo consume que con la propia naturaleza del producto.

Por todo lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:

  1. Instar al Gobierno de España que manifieste su total rechazo y, en consecuencia, solicite la retirada de la propuesta de aumentar el IVA del 10% al 21% para las bebidas carbonatadas y azucaradas en España.
  2. Solicitar al Gobierno de España la retirada inmediata de la campaña de consumo contra el azúcar, denominada “#ElAzúcarMata” en la que incluso se compara indebidamente al azúcar con el tabaco, y que sea sustituida por campañas informativas y educativas dirigidas a promover hábitos de consumo responsables, todo ello en colaboración con el sector remolachero-azucarero.
  3. Reforzar esta posición con adhesiones de entidades y colectivos que apuesten por el sector remolachero-azucarero de Castilla y León, contribuyendo al desarrollo de nuestras zonas rurales. 

En Valladolid, a 23 de diciembre de 2020

Fdo.: Agapito Hernández Negro
PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

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EL GRUPO PROVINCIAL POPULAR PRESENTA EN EL PLENO DE 30 DE OCTUBRE DE 2020 UNA PROPOSICIÓN PARA GARANTIZAR LA PROPIEDAD PRIVADA Y COMBATIR LA OKUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS

Valladolid, 30-10-2020.- La proposición ha sido aprobada con los votos a favor de los grupos provinciales Popular y de VOX, la abstención del grupo Ciudadanos y el voto en contra de los grupos Socialista y de Toma la Palabra.

Pleno Telemático de la Diputación, presidido por Conrado Íscar, de 30 de octubre 2020. Raquel González defiende la Moción del PP contra la ocupación

 

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el Orden del Día del Pleno Corporativo a celebrar el próximo día 30 de octubre de 2020, la siguiente PROPOSICIÓN:

 

INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A APROBAR DE MANERA URGENTE UNA LEY QUE GARANTICE EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PROPIEDAD PRIVADA Y COMBATA EFICAZMENTE LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS

La ocupación ilegal de viviendas, según los últimos datos publicados, ha crecido un 58% en los últimos cinco años pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en 2018.

Solamente entre los meses de enero y junio de 2020 se han registrado 7.450 denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio del Interior. De media, se producen 41 denuncias diarias por ocupación ilegal de inmuebles.

Los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha denunciado.

Estos datos nos muestran como la ocupación ilegal es un problema creciente en nuestro país que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución Española (artículos 47 y 33 respectivamente) sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes.

Esta alteración de la convivencia vecinal se produce por la proliferación de bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente.

En los últimos años, se han producido avances legislativos en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas como ocurrió en 2018 a través de la Ley 5/2018 que modificó la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas acortando plazos y agilizando procedimientos.

Pero es necesario, a la vista de las cifras anteriormente mencionadas, reforzar el ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica además de luchar activamente contra las mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio.

Para ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una Proposición de Ley Orgánica que, por un lado, refuerza el concepto de domicilio, pero ligado al del legítimo propietario, poseedor o titular de un derecho sobre la cosa inmueble, frente a quién ocupa sin título y sin tolerancia del primero.

Y, por otro lado, define por primera vez de manera inequívoca qué es la ocupación ilegal: “la tenencia o disfrute de cosa inmueble ajena, sin pago de renta o merced, ni razón de derecho, que no se encuentra amparada en la mera liberalidad o tolerancia del propietario o poseedor real”.

Esta proposición de ley introduce medidas como que la autoridad pública o sus agentes podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas sin necesidad de esperar meses; considera nula la inscripción en el Padrón municipal cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal; agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y regula nuevas penas para quienes fomenten la ocupación ilegal y si estas personas son responsables políticos incluye una inhabilitación de 15 años para ejercicio de cargo público.

Además, esta proposición de ley refuerza los medios de los que disponen las comunidades de propietarios para combatir la ocupación ilegal, y las negativas consecuencias que tiene para la convivencia y la seguridad de los vecinos, que podrán adoptar medidas preventivas tales como tapiar o cerrar puertas o ventanas.

Por todo lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:

  1. Manifestar el apoyo expreso de esta Corporación con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra ocupación ilegal de viviendas. Un compromiso que es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda.
  2. Instar al gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas.
  3. Apoyar las modificaciones legales y las medidas incluidas en la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.
  4. Dar traslado de este acuerdo al Ministro de Justicia y a la Presidenta del Congreso de los Diputados, así como a los portavoces de los grupos políticos con representación en el mismo.

 En Valladolid, a 27 de octubre de 2020 

Fdo.: Agapito Hernández Negro

PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

ALCALDES Y CONCEJALES DEL PP DE VALLADOLID PONEN EN MARCHA LA CAMPAÑA EN DEFENSA DE LA UNIDAD NACIONAL Y DE LAS INSTITUCIONES

Valladolid, 29-9-2020.- Los alcaldes y concejales del PP de Valladolid, con el presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar, a la cabeza, piden a los vecinos de los municipios de la provincia que se haga un pequeño gesto por la unión de todos, e invitan a colocar la bandera nacional en el balcón de cada casa o negocio desde mañana y hasta el próximo 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional.

Conrado Íscar y Alcaldes y Concejales del PP de Valladolid ponen en marcha la Campaña en Defensa de la Unidad Nacional y de las Instituciones

En los últimos años, diversos movimientos y grupos políticos, incluso algunos con responsabilidades de gobierno y que han jurado ‘cumplir y hacer cumplir la Constitución’, han puesto en marcha un proceso para liquidar nuestra democracia y el sistema político surgido del ejemplar proceso de la Transición Española.

 

Para lograrlo, han puesto en duda la legitimidad de nuestra Carta Magna, estableciendo una falsa relación entre los problemas de los españoles y los artículos de nuestra ley de leyes; han maniobrado para estigmatizar y vaciar de contenido las instituciones que nos definen como Estado de derecho; y algunos, incluso, han llegado a vulnerar abiertamente las leyes que todos nos hemos dado.

España vive momentos muy difíciles, y mientras la pandemia de COVID-19 sigue costando vidas y cerrando negocios, algunos buscan el enfrentamiento institucional convencidos de que, con ello, podrán obtener beneficios para sus propios intereses políticos. Los ataques al Estado tras la reciente inhabilitación de Quim Torra, o los agravios que está sufriendo el Rey Felipe VI, tienen como objetivo buscar el enfrentamiento entre españoles y romper el consenso constitucional de 1978.

En estos momentos tan complicados que estamos viviendo como nación, y frente a los que buscan la división y la ruptura, los alcaldes y concejales del PP de Valladolid, con el presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar, a la cabeza, han pedido que se haga un pequeño gesto por la unión de todos, invitando a colocar la bandera nacional en el balcón de casa o negocio desde mañana y hasta el próximo 12 de Octubre, Día de la Fiesta Nacional. Porque solo desde la unidad podremos seguir avanzando como país.

Nada representa mejor la unidad, sea cual sea nuestra ideología, que la bandera española, la bandera de todos.

Es solo un pequeño gesto, pero han recordado que ‘mucha gente haciendo muchas cosas pequeñas, en muchos lugares pequeños, puede cambiar el mundo’.

Bandera de España

EL PARTIDO POPULAR DE VALLADOLID NO CEDERÁ AL CHANTAJE DEL GOBIERNO PARA APROPIARSE DE LOS AHORROS DE LOS AYUNTAMIENTOS

Valladolid, 7-9-2020.- El presidente del Grupo Provincial Popular, Conrado Íscar, anuncia que los alcaldes y concejales del Partido Popular de Valladolid se unen al manifiesto contra la cesión al Gobierno de España de los remanentes de las Corporaciones Locales.

Conrado Íscar en rueda de prensa en la Sede Provincial del PP de ValladolidEl presidente del Grupo Provincial Popular, Conrado Íscar, ha anunciado que los 160 ayuntamientos gobernados por el Partido Popular en la provincia de Valladolid no van a van a ceder sus ahorros al Gobierno de España y ha animado “a todos los representantes políticos, sean del color que sean, a que antepongan por encima de todo la defensa de los intereses de sus vecinos” en el debate que va a tener lugar el próximo jueves en el Congreso de los Diputados.

Conrado Íscar ha asegurado que  el acuerdo suscrito por Pedro Sánchez y Abel Caballero supone “un recorte inadmisible de los fondos propios de las administraciones locales y un ataque a la autonomía municipal, además de un chantaje”, ya que solo aquellos que cedan sus remanentes al Gobierno podrán acceder al fondo de 5.000 millones que destina a los ayuntamientos para hacer frente a la COVID, mientras que los que no quieran o no puedan ceder a las pretensiones de Sánchez no recibirán dinero para ayudar a paliar la crisis del COVID entre sus vecinos.

Asimismo, ha recordado que esta expropiación de los ahorros de los vecinos se produce en plena crisis sanitaria, económica y social, “cuando está claro que los ayuntamientos y  las diputaciones somos la primera línea de defensa contra la crisis económica y social que atravesamos”.

El presidente del Grupo Provincial Popular ha acusado al presidente de la FEMP, Abel Caballero, de romper la unidad del municipalismo, de traicionar el compromiso que había adquirido con los presidentes de Diputaciones de toda España el pasado mes de mayo y de “propiciar el peor ataque en democracia a la autonomía municipal y provincial, anteponiendo los intereses de Pedro Sánchez a los de los ayuntamientos y diputaciones de toda España”.

Por último, y tras reiterar que “ninguno de los 160 ayuntamientos de la provincia gobernados por el PP cederá sus remanentes al Gobierno de España” ha anunciado que los alcaldes y concejales del Partido Popular en la provincia de Valladolid se van a unir al manifiesto conjunto contra el Decreto del Gobierno que ya han firmado alcaldes de distintas ciudades y pueblos de España y de distinto signo político.